Visión Política
Por Edgar Palma Gómez
El
Gobernador Javier Duarte de Ochoa tuvo un gran acierto al retomar la iniciativa
de “Ley de Acceso a la Información Pública y para la Protección de los Derechos
de los periodista” que fue presentada por un servidor en el Congreso del Estado
el 13 de diciembre de 2001, y donde estaba contemplada la creación de un
instituto que protegería a los periodistas y que garantizaría la libertad de
expresión, sin embargo, tal parece que la Secretaria Técnica de dicho organismo,
está más preocupada por justificar el uso del presupuesto asignado, que por
ponerse a trabajar.
El
escándalo se genero cuando uno de sus comisionados, el periodista Jorge Morales
tuvo el atrevimiento de solicitar el proyecto de presupuesto anual de dicha
comisión, ya que no le cuadraban los número, y razón le sobraba, ya que existen
muchas inconsistencias que aún no han sido aclaradas por la funcionaria
pública, quien se ha rasgado las vestiduras tratando de justificar de manera
absurda el manejo de los 15 millones de pesos que tiene como presupuesto,
asegurando que las declaraciones de Jorge Morales son “interpretaciones
erróneas y carecen de sustento administrativo”.
Para
ello, debemos hacerle varias aclaraciones a la funcionaría pública –llámese
Namiko Matzumoto-, el objetivo de dicha Comisión de acuerdo a la ley 586, en su
Capítulo I, artículo 2, es el de “atender y proteger la integridad de los
periodistas, así como de promover las condiciones para el libre ejercicio de la
profesión del periodismo, con pleno respeto al derecho a la información y a la
libertad de expresión”, por lo tanto, no sólo la Secretaría Técnica, sino todo
sus integrantes están obligados a ser transparentes, y hasta el momento, es lo
que menos han hecho, porque estamos hablando que para salvaguardar el libre
ejercicio del periodismo usarán recursos públicos, no privados.
Por
lo tanto, resulta incongruente que Matzumoto Benitez aceptara que se elaboró un
documento desglosando salarios, bonos y gastos que tendría esta comisión, “el cual
era sólo para consumo interno, sin embargo el comisionado hizo sumas inexactas,
no le cuadraron los números, yo le expliqué que le faltaba tomar en cuenta el
pago de impuestos y otras prestaciones como el aguinaldo, por eso no le
cuadraban los números”. Además, aceptó que se contrataron a 37 personas para la
operación técnica y administrativa de la misma y que se otorgan bonos mensuales
de 20 mil pesos a los comisionados denominados “bonos por actuación”.
Efectivamente,
en su página de internet señalan que tienen aprobada una plantilla
operativa–que considero exagerada-, de 38 personas – le falto un empleado a
Namiko Matzumoto, de acuerdo a sus declaraciones expresadas en distintos medios
de comunicación-, sin embargo, no señalan nombres, funciones, salarios brutos
de acuerdo al puesto, ni los salarios de los comisionados, mucho menos, señala
cual es el salario de la Secretaría Técnica –ya que el tabulador salarial es el
que está contemplado en el presupuesto de egresos, pero no aclaran si el
salario de los comisionados es equiparable al salario de un Secretario,
Subsecretario, director de área, o algún puesto en especifico, etc.-.
Pero,
veamos su plantilla operativa, 5 analistas administrativos, 1 analista
financiero, 7 analistas jurídicos (parece despacho jurídico), 1 asesor, 1
cajera (no entiendo la función de la cajera, o acaso cobran o venden algún
servicio), 2 choferes (tal vez no sepan manejar los integrantes de la
comisión), 1 contralor, 3 directores de área, 1 intendente, 5 jefes de
departamento (sigo sin entender la duplicidad de funciones entre los directores
y los jefes de departamento, pero me queda claro que lo que importa es
justificar el gasto del presupuesto), 1 jefe de la unidad administrativa, 1
jefe de tecnología de información (con un auxiliar en informática hubiera
bastado, insisto, la idea es justificar gastos), 2 proyectistas (entonces cuál
es la función de los directores y los jefes de área, me pregunto), 1
recepcionista, 1 secretaria, 1 secretaria ejecutiva, 1 secretaría particular
(por favor, alguien me explique la diferencia entre cada una de las
secretarias), 2 vigilantes y finalmente 1 visitador adjuntos (que desconozco su
función). Ante la falta de información, debemos señalar que en cuanto a
transparencia están reprobados.
Insisto,
no estoy emitiendo juicios sobre la trayectoria de cada uno de los integrantes
de dicha Comisión, -de hecho, tengo el honor de conocer a su Presidente, Rocío
Ojeda, una excelente maestra de la Facultad de Comunicación-, pero creo que
están “dando palos de ciego”, por tan sólo mencionar otro detalle, también en
su página de internet en lo que se refiere a sus Planes, Objetivos y Metas, -es
decir, su Programa Operativo Anual-, señala “Próximamente un apartado de
transparencia”, lo cual crea muchas suspicacias, porque al parece no lo tienen,
lo cual resulta una incongruencia, porque en la administración pública, antes
de aprobar un presupuesto, se debe especificar los programas y acciones en los
cuales se aplicaran los recursos financieros, y dicho programa operativo anual,
deberá contener parámetros de medición cualitativos y cuantitativos, aspecto
que tampoco han dado a conocer y ya va a terminar el segundo mes del año.
Para
colmo, Namiko Matzumoto salió a declara a los medios de comunicación que buscarán
que los periodistas empíricos cuenten con una licenciatura, con tan sólo
acreditar algunos cursos en el Colegio de Veracruz y/o la Facultad de
Comunicación, grave error de la funcionaria, -es loable buscar la
profesionalización de los periodistas, pero no dando palos de ciego-, para
empezar, ni la Universidad Veracruzana, ni el COLVER cuentan con una
licenciatura en periodismo, en todo caso, la máxima casa de estudios en
Veracruz cuenta con la licenciatura en Comunicación, no en periodismo, por
favor, antes de emitir un comentario que busque justificar su desorientado
trabajo, cuente con información verídica, evite pasar vergüenzas, y querer
engañar a las personas que sí pasamos por la facultad de comunicación.
Me
queda claro que el Gobernador Javier Duarte esta buscando proteger a los
periodistas, sin embargo, no creo que sea la mejor manera de hacerlo, cuando
este instituto no cuenta con un Programa de Trabajo Anual, pero que si cuenta
con una nomina exagerada; funcionarios públicos sin experiencia administrativa
y que están duplicando funciones; funcionarios –como Namiko Matzumoto- que en
lugar de transparentar el manejo de los recursos, salen a hacer declaraciones
en los medios para señalar que la transparencia es una asunto que se maneja con
“documentos de consumo interno”, y que no entiende las necesidades del gremio
reporteril, esa es la realidad de este instituto, y me atrevo a señalar todas
estas inconsistencias, precisamente porque fui el primero en exigir al Congreso
del Estado la creación de un organismo de este tipo. Ojala no le suceda lo
mismo que al Colegio de Periodistas.
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