Inadmisible condicionar inscripciones por pago de cuotas en escuelas públicas: diputados

A fin de proteger la economía familiar, la diputada Edith Alvarado Varela (PRI) urgió a las autoridades educativas del país vigilar que no se condicione al pago de cuotas la inscripción de alumnos, aplicación de exámenes y entrega de documentos.
 En un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, la legisladora destacó la importancia de que las autoridades educativas federal, estatales, municipales y de la Ciudad de México no cambien el uniforme en el próximo ciclo escolar 2016-2017 en las escuelas públicas de nivel básico.
 Hacerlo así, aseguró, anularía el sentido social de los programas de entrega de útiles y uniformes escolares gratuitos implementados en los últimos años en diferentes niveles de gobierno, como mecanismo para apoyar la economía de los padres al inicio de cada periodo lectivo.
 La secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables afirmó que es “inadmisible que cada inicio de ciclo escolar en las escuelas públicas se cobren cuotas obligatorias a los padres de familia”.

El artículo 6º de la Ley General de Educación establece que “las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo”; además, “está prohibido el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo y que en ningún caso se podrá condicionar la inscripción y el acceso a la escuela”.
 La ley es muy clara, pero la práctica se obstina en contravenirla, ya que en cada inicio de año escolar las autoridades educativas de muchos planteles exigen, reclaman y demandan a los padres de familia el pago de una cuota, lo cual es cuestionable porque contraviene el principio constitucional de gratuidad de la educación.
 El continuo cambio de los uniformes escolares es un factor poco explorado, que también lesiona el derecho a una educación gratuita constituyendo un duro golpe para la economía familiar, al tener que solventar ese gasto.
 Aseguró que en muchas escuelas del país esta decisión es una práctica habitual, porque existen acuerdos entre algunos docentes e inclusive con el consentimiento de mesas directivas de padres para cambiar total o parcialmente el uniforme.
 La legisladora por Tlaxcala indicó que muchas veces estas decisiones no obedecen a criterios objetivos, sino a cuestiones meramente comerciales y de negocio entre proveedores y autoridades de las escuelas.
Esto es inaceptable ya que los alumnos y los padres de familia son los más afectados, sobre todo porque desvirtúa las acciones que los diferentes niveles de gobierno impulsan para contribuir con la gratuidad de la educación.

 Comunicación social H. Cámara de Diputados Boletín N°. 1785

PROPONEN DIPUTADO UNIR CÓRDOBA Y ORIZABA EN ZONA METROPOLITANA

Coscomatepec

Constituir a Córdoba y a Orizaba como una única zona metropolitana para acceder a recursos federales en 2014, es el punto de acuerdo que hizo el diputado Juan Bueno Torio a la Cámara de Diputados.

RENUNCIA RAFAEL SAINZ A LA CANDIDATURA DE MOVIMIENTO CIUDADANO

 

CARTA A LOS CIUDADANOS DE VERACRUZ:

A lo largo de mi vida con base en el esfuerzo, trabajo y el ejemplo recibido de mis padres y abuelos de ser honesto he construido un prestigio que es el más preciado bien que tengo en la vida y que dejaré a mis hijos como legado de lo que un servidor recibió.

Después de meditarlo y consultar con mi familia, decidimos que mi participación en las próximas elecciones locales era una buena forma de buscar para nuestro Estado de Veracruz un cambio en la manera en que hemos sido gobernados por personas sin escrúpulos, sinvergüenzas a los que no se les puede llamar de otra forma. Estos han provocado una enorme crisis, social y económica como no tenía lugar en muchos años, el porvenir de nuestros hijos y nietos esta en grave riesgo. Es por eso que tome la decisión de participar en la política y respondí SÍ a la invitación del partido “Movimiento Ciudadano”, recibida los primero días del mes de febrero del año en curso.

Dispuesto a dar lo mejor de mí empecé a recorrer el Distrito XVI que tiene a los Municipios de Córdoba, Fortín de las Flores, Amatlán de los Reyes, Naranjal y Coetzala.

Me entusiasmó la idea de ser un “CANDIDATO CIUDADANO” sin más compromiso que el de buscar un mejor futuro para todos los pobladores de esta hermosa Región y este rico Estado de Veracruz.

Es por esto que emprendimos la tarea de promocionarnos, a fin de darnos a conocer en toda la zona del Distrito XVI cuidando siempre de no adquirir compromisos que después actuasen en detrimento del objetivo que nos propusimos: Ayudar en lo más posible a Veracruz.

Durante estos meses fueron grandes las muestras de adhesión de tantas y tantas personas, incontables sus muestras de apoyo por buscar un cambio de muchos ciudadanos a quien aquí quiero expresar mi agradecimiento: En mi nombre y en el de mi familia a todos aquellos que nos invitaron a sus casas, que llamaron a sus vecinos, que abiertamente nos expusieron sus puntos de vistas, sus temores, sus molestias, fue tan valioso y tan confortante encontrar que en estos tiempos hay personas que quieren y luchan por un mejor país, por eso estaba dispuesto a serviles y no defraudarlos.

El día de hoy, estoy dando por terminadas mis aspiraciones a la contienda en busca de la Diputación Local por el XVI Distrito del Estado de Veracruz esto lo hago para salvaguardar mi honestidad y mi prestigio, en pocas palabras mi DIGNIDAD.

Desafortunadamente, veo con tristeza que los objetivos del partido “Movimiento Ciudadano” no son acordes con los míos y van por caminos diferentes, incompatibles al mío. Ante todo siempre trataré en la manera de lo posible de ser un hombre honesto y serio.

Deseo aquí expresar a quienes me apoyaron en estos meses, a todas las personas que me mostraron su compromiso y su confianza en mi persona mi agradecimiento, mí más profundo cariño a todos y que tenga por siempre seguro que mi honestidad y mi transparencia serán mis principios y mi compromiso con mi ciudad, Estado y País.

Gracias a todos.

Luis Rafael Sainz.

PERIODISTA ACUSA DE PERSECUCIÓN A JUAN BUENO TORIO, EL DIPUTADO LO NIEGA

La periodista Ana Lilia Pérez que escribió Camisas azules, manos negras, donde denuncia los casos de corrupción en PEMEX, vive exiliada en Alemania por falta de garantías a su seguridad. Acusa a Juan Bueno Torio de emprender una campaña de persecución en su contra mediante demandas judiciales. El diputado, quien fue mencionado en el libro, acepta que la demandó, pero que "no es acoso".
Aquí las dos cartas íntegras:

La carta acusatoria de la periodista Ana Lilia Pérez
Hace dieciséis años que me desempeño como periodista, profesión que ejerzo debidamente acreditada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante los últimos diez años, he dedicado parte de mi trabajo profesional a investigar y hacer públicos graves casos de corrupción de funcionarios de alto nivel de Petróleos Mexicanos (Pemex). Como represalia, he sido objeto de amenazas de muerte, acoso judicial, agresiones, persecución, vigilancia, intervención telefónica, bloqueo informativo y de un recurrente abuso de poder.

Las amenazas se acentuaron en el 2008, cuando investigué y publiqué los contratos que Juan Camilo Mouriño, entonces secretario de Gobernación de Felipe Calderón, firmó como contratista de Pemex, en una ilegal dualidad como funcionario público. A partir de entonces llegué, inclusive, a verme obligada a vivir y trabajar con una escolta personal y sistemas de seguridad diversos.
En junio del 2012 me vi forzada a salir de México, bajo graves amenazas y en circunstancias que ponían en riesgo mi vida. Para salvaguardar mi integridad y frenar el acoso y la violencia de los que he sido víctima ―documentados por organismos y organizaciones nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión y de derechos humanos― me acogí a un programa europeo de protección para perseguidos políticos, bajo un esquema de asilo temporal.
Durante mi estancia en Europa he participado en múltiples conferencias sobre mis investigaciones periodísticas y sobre las circunstancias en que los periodistas trabajan en México, actividades a las cuales la prensa europea ha dado amplia cobertura. Pero incluso aquí, en Alemania, donde estoy ahora, soy blanco de acoso judicial por parte del diputado con fuero federal Juan Bueno Torio, bajo las circunstancias que a continuación relato.
En febrero del 2010 apareció Camisas azules, manos negras, libro de mi autoría publicado bajo el sello Grijalbo. Se trata de un trabajo periodístico, producto de una exhaustiva investigación de más de seis años y sustentado con numerosas fuentes de información documentales y vivas, que revela graves actos de corrupción de altos funcionarios, durante las administraciones de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, en detrimento de Pemex.
La información contenida en el libro honra plenamente los principios periodísticos de veracidad y objetividad. En uno de sus capítulos aborda el desempeño que Juan Bueno Torio tuvo como director de Pemex Refinación (del 2003 al 2006). Parte de las fuentes de información proviene de los archivos de las propias áreas de gobierno, incluido Pemex, y algunos documentos se encuentran reproducidos en la publicación.
El libro se presentó en espacios públicos y medios de comunicación distintos. Durante dieciocho meses no hubo respuesta de Bueno Torio respecto de la información publicada, ni siquiera cuando fue consultado por diversos medios de comunicación que abordaron el contenido del libro en sus espacios informativos.
En diciembre del 2010, por unanimidad de los diputados federales de la LXII Legislatura, el Congreso de la Unión creó la llamada Comisión Especial pluripartidista que se encargue de investigar las denuncias ciudadanas contenidas en el libro Camisas azules, manos negras, según puede cotejarse en la Gaceta Parlamentaria, núm. 3164, del viernes 17 de diciembre del 2010.
En agosto del 2011, mientras los legisladores federales le solicitaban a Pemex y otras instancias de gobierno los documentos citados en el libro, Bueno Torio, entonces senador de la República, con fuero federal, presentó una demanda en mi contra por “daño moral”.
En su demanda no hay un planteamiento claro y concreto que acredite el supuesto daño que, dice, provocó la publicación de dicho libro. Sin embargo, incluye en sus pretensiones y en cada punto de su demanda, un mensaje evidentemente intimidatorio. Entre sus pretensiones proyecta en mi contra acciones inhibitorias a futuro, sobre cualquier línea que pudiera yo publicar acerca de su desempeño como funcionario; en otras palabras, requiere que el juez que lleva el caso prejuzgue acerca de los señalamientos que, en el futuro, pudiera hacer yo como periodista respecto de él.
El diputado pretende que el Poder Judicial coloque una mordaza legal a cualquier investigación y señalamiento acerca de situaciones irregulares, anteriores o actuales, aun cuando éstas por sí mismas constituyen temas de interés público dado que se trata de un legislador que desde hace doce años, por lo menos, se desempeña en el servicio público y está obligado por ley a la rendición de cuentas, y a que la sociedad califique su gestión.
La demanda de Juan Bueno Torio tiene la finalidad de inhibir mi labor como periodista, y con ello menguar la independencia intelectual necesaria para ejercer el periodismo crítico que la sociedad mexicana demanda, y pretende que se le de validez legal a sus intimidaciones. No ofrece en ella ninguna prueba del supuesto daño moral en su contra; en cambio, exige pretensiones que atentan contra mis garantías individuales. Resulta destacable que me demandara sólo hasta que el Congreso federal abrió una Comisión Especial para dar cauce al análisis de la investigación periodística.
La labor de un periodista es difundir asuntos e información de interés público, y con ese estricto afán, en el libro citado documenté el desempeño público de Bueno Torio como funcionario de Pemex. Muestra de dicho desempeño fue que en su administración, la subsidiaria a su cargo adjudicó de manera ilegal dos contratos que implicaron un grave daño patrimonial contra Pemex, como explico a continuación.
En enero del 2012 la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer, mediante un boletín de prensa, que en diciembre inhabilitó a catorce funcionarios de la subsidiaria a cargo de Bueno Torio, “por manipular procesos de licitación y contratar con sobreprecio el arrendamiento de cuatro buques-tanque a casco desnudo por cinco años”.
Los involucrados fueron inhabilitados por diez años, además, la SFP impuso multas a ocho de ellos por 500 millones, 913 mil pesos; a dos más por 355 millones de pesos; a uno por 145 millones de pesos; y a los tres restantes por 90 millones 415 mil pesos. Casos como el citado evidencian que en el periodo en el cual el hoy diputado dirigió Pemex Refinación, su desempeño no fue cabal.
Cabe señalar que las irregularidades por las cuales la SFP inhabilitó a sus subordinados fueron detectadas años atrás por la Auditoría Superior de la Federación, el órgano máximo de fiscalización del país, e incluidos esos hallazgos, el resultado de su fiscalización a esos contratos, dentro de su informe de Resultados a la Cuenta Pública, tal cual se cita en el libro, donde se identifica plenamente como fuentes de información los organismos de auditoría y fiscalización oficiales.
*
En las condiciones actuales de México, identificado como el país más peligroso del mundo para los periodistas, quienes nos dedicamos a esta profesión día a día nos jugamos la vida en pos de un bien público: el derecho a la información.
De manera personal, he abordado exhaustivamente el manejo que se ha hecho de Pemex en gobiernos que prometieron combatir la corrupción y tener “manos limpias”. Varias de esas investigaciones han generado la inhabilitación o procedimientos legales contra funcionarios y contratistas corruptos, lo cual representa un triunfo para la sociedad. Como consecuencia, he sido blanco de un insistente acoso que en su expresión más cobarde incluye las amenazas de muerte.
Bajo esa circunstancia, muy a mi pesar, salí de mi país. En esta condición de asilo, hace unos meses recibí la notificación de que el señor Bueno Torio, con la clara pretensión de continuar su acoso y amenaza en mi contra, ha impulsado el seguimiento del juicio en contra mía ahora en Alemania.
Este acoso judicial, que hoy me persigue hasta Europa, debe entenderse también en el contexto de uno de los principales temas de la agenda pública en México: la situación de Pemex, que con los recientes “incidentes” y la discusión de la nueva reforma energética, de nuevo coloca los reflectores sobre la actuación de sus funcionarios y exfuncionarios. Por eso el diputado Bueno Torio se empeña en colocarme una mordaza, y pretende que el juez me prohíba a priori escribir o siquiera pensar en escribir una sola línea sobre su desempeño público.
Juan Bueno Torio aún le debe a los mexicanos muchas explicaciones sobre su actuación como director de Pemex Refinación; por ejemplo, el hecho de que las compañías de su familia recibían millonarios contratos para el transporte de hidrocarburos en la misma empresa paraestatal que él dirigía. Me pregunto si para la ciudadanía éste es un asunto menor.
En lugar de entregar cuentas claras, el señor diputado promueve el enjuiciamiento contra una periodista que ha cumplido éticamente con el deber de informar. El juicio en cuestión es contrario al supuesto interés del Congreso de la Unión y de la Presidencia de la República de salvaguardar los derechos de los periodistas y ha significado un gasto de recursos públicos que bien podrían asignarse a otros asuntos.
Aun si al final de este juicio el juez decidiera ponderar la fatua pretensión de Bueno Torio por encima del interés público, el derecho que los mexicanos tienen de conocer su actuación en Pemex es irrecusable, y para eso están ahí Camisas Azules, manos negras, y El Cártel Negro, dos largas investigaciones que dan algo de luz sobre el oprobioso manejo discrecional que durante años se ha hecho de nuestra principal empresa pública.
Quizá el diputado del que hablo logre amordazar a una periodista. No obstante, pese a la rabiosa oposición de políticos y funcionarios rapaces, no habrá mordaza capaz de callar a toda una sociedad.
Ana Lilia Pérez. Alemania, marzo de 2013.
 La carta original

El desmentido del cordobés Juan Bueno Torio
México, D.F.- En días pasados he leído en diversos medios de comunicación una carta enviada por la señora Pérez, donde nuevamente utiliza la difamación y la calumnia, y aunque ella se pone en el papel de víctima, entiendo el porqué de sus constantes ataques, ya que en el estado de Veracruz se acercan tiempos electorales y ella es la favorita para dirigir acusaciones infundadas en mi contra, como parte del operativo de descrédito hacia el PAN y sus militantes.
Es por lo anterior que solicito utilizar mi derecho de réplica y poder establecer con oportunidad que no existe acoso alguno ni a su persona, ni al desarrollo de su actividad, ya que bajo ninguna circunstancia se pretende limitar la libertad de expresión, el objetivo de la demanda es dejar claro que las aseveraciones hechas por ella no se apegan a la realidad y a la verdad.

Con una demanda de este tipo no se limita la labor periodística, en virtud que es un Juez el que determinará si existe o no una violación y/o afectación a mi imagen y reputación, hecho que no impide que ella continúe publicando las mentiras que le dictan, pero que obligará a que si la señora no puede demostrar la difamación que ha hecho de mí, entonces que se retracte, eso es lo que le estoy pidiendo.
En cuanto al acoso de que se dice objeto, cómo la voy a amenazar de muerte si al final de cuentas lo que yo quiero es que ella se retracte y limpie mi honor y mi nombre, en virtud de que lo que escribió en su libro son falsedades que le fueron dictadas previo a la elección y a la campaña de 2006 para senador, y que de ser verdad ya me hubieran fincado responsabilidad.
Es falso, como todo lo que dice, que haya hecho alguna investigación exhaustiva, ni mucho menos, le dieron esta información y ella la instrumentó y la puso en un libro, junto con otros personajes para denostar a los panistas, por un lado, porque ése es el esquema, y por el otro lado a mi persona.
Por lo antes expuesto acudí a los tribunales a ejercer mi derecho, como cualquier ciudadano a quien le difaman su honor,  siempre me he desempeñado con apegado a la ley tanto en Pemex, como en otros cargos públicos que he tenido.
Reitero, la denuncia no busca ni acoso a su persona, ni coartar la libertad de expresión de ningún periodista,  soy el más interesado en su integridad, para que al final la verdad prevalezca y se transparenten los verdaderos intereses que mueven la conciencia y la pluma de la señora Pérez.
El comunicado en su fuente original