EL PERIODISMO DE MARCA
En Estados Unidos y Europa un nuevo
modelo de negocio periodístico está teniendo auge: el periodismo de marca.
En los primeros tiempos del periódico,
el editor era dueño, reportero, corrector de estilo, impresor y voceador al
mismo tiempo.
Aquellos fueron los pioneros del
periodismo en el siglo XIX.
Luego sobrevino el empresario. Presidente
de la compañía de periódicos que compraba diarios y revistas, o los fundaba y
contrataba a un director editorial.
William Randolph Hearst es el
clásico ejemplo en Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX.
Mario Vázquez Raña es el prototipo mexicano. Ha adquirido el Esto, La Prensa,
El Sol y los Soles del interior de la república. En Veracruz, además de El Sol
de Córdoba y el de Orizaba, es dueño de El Diario de Xalapa.
En el último cuarto del siglo pasado
llegó el corporativo.
Un socio mayoritario y accionistas
menores son dueños de un conglomerado de medios audiovisuales e impresos,
además de otras firmas que nada tienen que ver con el periodismo.
El magnate estadounidense Ted Turner
es el vivo ejemplo del magnate mediático, creador de CNN, el primer canal de
televisión dedicado las 24 horas a la cobertura noticiosa.
Más rico y poderoso que Turner se
encuentra el australiano Rupert Murdoch, dueño de televisoras, estaciones de
radio, periódicos, revistas en todos los rincones del planeta.
El paradigma en México es Emilio
Azcárraga, quien no sólo es dueño de la televisora que transmite las frecuencias
del Canal de las Estrellas, el 5, Foro TV y el 9, también lo es de canales de
paga en México yde emisión pública en Estados Unidos, estaciones de radio, un
conglomerado de publicaciones impresas y hasta satélites.
Como un paréntesis dentro de la
historia del periodismo, gracias al Internet llegó el llamado periodismo
ciudadano.
El periodismo ciudadano es el acceso
a un canal de transmisión de cualquier individuo con acceso a la red de
Internet que lo utiliza para informar y opinar de asuntos relevantes de su
comunidad.
Los blogs, las redes sociales como
Twitter y Facebook, los canales de videos como Youtube y Vimeo, además de una
gran cantidad de servicios para fotografías, edición de publicaciones,
publicaciones automáticas de noticias, recipientes de documentos y un
larguísimo etcétera, son los medios de transmisión del periodista ciudadano.
Sin embargo, a pesar de un gran
éxito, los periodistas ciudadanos no han alcanzado una difusión internacional,
mucho menos mundial. El reconocimiento les ha llegado más bien por sus
condiciones personales de vida, como los de la cubana Yoani Sánchez o de
algunos disidentes chinos.
El periodismo ciudadano ha visto
potenciado su difusión gracias a servicios que concentran los emisores de
información. El éxito más patente es el del The Huffington Post, que ha ganado
más reputación que muchos medios tradicionales. De origen estadounidense ahora
tiene versiones para varios países.
En Veracruz el portal Crónica del
Poder que copió el formato del Huffington llegó a ser hace pocos años el portal
más leído por los lectores de información política.
El Periodismo de marca
El periodismo de marca está sellando
el inicio de otra época desde el punto de vista empresarial.
Las grandes corporaciones de
productos y servicios han descubierto que ellas mismas pueden ser productoras
de contenido periodístico.
Han encontrado lo atractivo y
beneficioso que es contar historias e informar a los consumidores acerca de sus
marcas, utilizando sobre todo la plataforma del Internet, a través de su propia
web y de las redes sociales como Twitter, Facebook y Youtube, entre las más
importantes.
Han tomado tan en serio este nicho
que no lo están dejando en manos de profesionales de otras ramas de la
comunicación, sino que están contratando directamente periodistas.
Ese nuevo modelo de negocio ha
venido a rescatar a periodistas que la crisis de los medios en Europa y sobre
todo los Estados Unidos habían sido dejados en la calle a consecuencia de los
despidos.
Estos últimos, gustosos se han
incorporado a sus nuevas fuentes de empleo. Incluso estos medios emergentes
están contratando mediante sueldos más atractivos a periodistas con empleo en
medios reputados
Ahora los medios tradicionales
tienen nuevos competidores los cuales poseen a su favor tres aspectos
fundamentales:
1.- Buen posicionamiento y
reputación entre el público, producto de años de intensa y bien trabajada
publicidad.
2.- Están libres de presiones competitivas.
Porque si bien es cierto que luchan por conseguir un pedazo del mercado
consumidor de lectores, también es cierto que no dependen primariamente de
ellos, como los medios tradicionales.
3.- Solvencia económica. El
mantenimiento de su medio no depende de sí mismo (por el momento), sino de la
inversión destinada a la publicidad del corporativo.
Este último punto es decisivo con
respecto a sus homólogos de los medios tradicionales, los cuales, por lo menos
en Europa y Estados Unidos, viven una profunda crisis económica que aún no se
sabe a dónde los va a llevar.
Las compañías Boeing de aviones,
Cisco de computación y HSBC de servicios financieros son a nivel mundial las
que ofrecen mejores ejemplos de cómo hacer periodismo de marca.
En México, a raíz del rompimiento del magnate
Carlos Slim con los principales medios donde publicitaba sus empresas (Televisa
y TV Azteca), inició por medio de UnoTV.com lo que bien puede calificarse de
periodismo de marca, haciéndole fuerte competencia a las televisoras.
Desde la llegada del Internet y
ahora con esta nueva etapa del periodismo desde el punto vista empresarial, los
más afectados están siendo los diarios impresos.
Los medios emergentes poseen
finanzas sanas contra los medios tradicionales que están en crisis económica, los
cuales, además de ser incapaces de afrontar los nuevos tiempos tecnológicos,
cargan sobre sí mismos la responsabilidad de mantener la imagen (prestigio y tradición)
de la cabecera.
Los medios de marca enfrentan, no
obstante, un dilema ético.
Cómo van a comportarse ante
información que les lastima o que va en contra de sus intereses.
La respuesta parece obvia: a favor
de ellos. Para contrarrestar esa aparente debilidad, el periodismo de marca ha
recurrido a la contratación de periodistas reconocidos que avalen con su
prestigio al medio.
Sin embargo, a pesar de esta
aparente desventaja de los nuevos medios, definitivamente los medios tradicionales
no están listos para retener su segmento de mercado.
Desde la óptica empresarial, la
quinta fase del periodismo está en marcha.
LA PERIODISTA MEXICANA MARCELA TURATI EN LA ONU. 2 DE MAYO DE 2013
Discurso pronunciado por Marcela Turati en la ONU, en Nueva York, en el evento “Libertad para hablar: asegurando la seguridad de los periodistas y los trabajadores de medios”, inaugurado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. 2 de mayo de 2013
Buenos días, gracias por su invitación este día tan importante.
Soy
una reportera mexicana, como muchos, preocupada por la situación
que atraviesa mi país, catalogado por Freedom House como país no libre
para la presa.
Nosotros, los reporteros, lo constatamos todos los días.
Cuando
un político anuncia que un fotógrafo merece ir a la cárcel por las
fotos que tomó. Cuando un reportero recibe una llamada de un
narcotraficante, o es capturado y torturado, para que aprenda el tipo de
noticias que no debe escribir. Cuando el dueño de un medio de
comunicación, o un directivo, o un editor, ordena que ciertos políticos o
religiosos o empresarios no deben ser nunca cuestionados. Cuando un
periódico, radio o televisora deja de informar sobre la
violencia. Cuando aparece el cuerpo de alguno de los nuestros,
abandonado en cualquier calle como bolsa de basura, torturado,
decapitado, junto a un cartel que indica: “Esto es porque escribió de lo
que no debía”.
México es catalogado uno de los países más
peligrosos para ejercer el periodismo. También se encuentra entre los 10
países que deja los crímenes contra periodistas en la impunidad, según
el Comité de Protección a los Periodistas.
El número de
periodistas muertos y desaparecidos en los últimos años es de más de 70.
Es un número alto para un país que se dice democrático, para país no
considerado formalmente en guerra. Aunque México vive una guerra.
Los reporteros mexicanos nos convertimos en los últimos años,
especialmente en el periodo del presidente Felipe Calderón, en
corresponsales de guerra en nuestra tierra.
Pero la guerra
mexicana es diferente. No se muere en campos minados o en fuegos
cruzados. En México hay una cacería de periodistas, quienes se
sienten incomodados con la información sacan a los periodistas de sus
casas o, incluso, de sus oficinas, para secuestrarlos, torturarlos o
matarlos.
Como en toda guerra se desea controlar el territorio
y a la población, en la guerra mexicana los periodistas incomodan. La
lógica entonces es desactivarlos. Que dejen de contar el número de
muertos. Que no digan quién o cuántos murieron anoche. Que no se hable
de las desapariciones de personas. Que no señalen violaciones de
derechos humanos. Que se guarde la información sobre la balacera que
puso en pánico a la población.
No son asesinatos casuales, hay una cacería de periodistas.
Si
antes el problema eran los gobernantes corruptos que no aceptaban
críticas, ahora es el crimen organizado que va tomando el poder
político, cooptando o sometiendo al poder económico, tomando las
policías, pero para tener el control completo necesita controlar a la
prensa. Para que la gente no sepa lo que ocurre.
*
Con
tantos periodistas muertos, desaparecidos, silenciados, amenazados,
y tantos medios de comunicación atacados, llama la atención enterarnos
de que el gobierno mexicano no aceptó ser o de los países piloto del
Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los
Periodistas y la Cuestión de la Impunidad. Eso es sintomático.
*
Los
asesinatos continúan todo el tiempo. Pero esas muertes se pierden en la
fosa común a donde van a parar todos los asesinados. Los periodistas
corren la misma suerte de cualquier ciudadano, porque sus muertes no son
investigadas. Y, peor aún, los mecanismos de impunidad se activan para
que al periodista asesinado se le culpe de su propia muerte, se crea que
en “algo malo andaba”, se siembre sospecha alrededor para que nadie
pida justicia.
*
Los periodistas no somos más
importantes que los ciudadanos pero trabajamos con un bien público que
es la información. En este momento no solo está en riesgo la libertad de
expresión, está también en riesgo el derecho de la gente a
estar informada. El derecho a saber por qué le pasa lo que le pasa. El
derecho a tomar decisiones como por qué calles o cruzar para no
encontrar balaceras cuando se lleva a los niños a la escuela.
Por
eso es indispensable que se acabe la impunidad en los crímenes
contra periodistas. Y que siempre, en todos los casos, se aplique un
protocolo de investigación en los que se agote, como principal línea de
investigación, el trabajo periodístico que la víctima realizaba.
Una
víctima del asesinato físico, a quien se le victimizó después
asesinando también su honra es Regina Martínez, corresponsal de la
revista Proceso, donde yo trabajo, en el peligroso estado de Veracruz.
La única línea de investigación fue la de robo. A pesar de que ella era
una voz potente, valiente, que denunciaba la corrupción política y al
crimen organizado. Ella era cómplice de los ciudadanos.
Los
mecanismos de la impunidad requieren siempre manchar el buen nombre
del asesinado. Sembrar sospecha y miedo, para que nadie pida justicia,
para que los colegas no se organicen. Así se ha ido acabado el
periodismo de investigación. Cuando se silencia a la prensa, la sociedad
pierde sus ojos, sus oídos, su boca. Queda indefensa.
*
En
México reina la impunidad. Los crímenes no se investigan. Las policías y
los ministerios públicos no saben investigar, o no quieren o no pueden
porque no resuelven casos. La procuración de justicia depende del
gobernante estatal, no existe autonomía. Muchas veces los responsables
de investigar los crímenes son los mismos sospechosos del asesinato. En
México la cultura es la impunidad.
Por eso es urgente comenzar
a resolver los crímenes contra periodistas y defensores de derechos
humanos. Al menos resolver esos para mandar un mensaje para que nadie se
atreva a querer silenciarlos. Porque la impunidad es una pistola sin
seguro.
*
Es tanta la angustia ciudadana de no saber
qué pasa en su entorno que se ha dado un fenómeno en varias ciudades
donde ciudadanos toman el papel de los periodistas, crean blogs, abren
páginas de facebook, suben videos a Youtube intentando informar lo que
ocurre, haciendo lo que los periodistas no pueden. Eso, a algunos de
ellos, les ha costado amenazas y la vida.
*
Hay otro
fenómeno del que no se habla, que abona a la impunidad, y es la
corrupta relación de la prensa con el poder. El gobierno premia a quien
le es fiel y castiga a los medios críticos. La falta de transparencia en
la asignación de publicidad es el arma que tienen los gobernantes para
callar a la prensa. Los medios críticos quedan aislados, contra la pared
y en constante riesgo de desaparecer. Esta denuncia fue llevada a la
Corte Interamericana de los Derechos Humanos por parte de la revista
Proceso. Esta situación forma parte de la censura que se vive.
Como
dependen del gobierno, muchos medios de comunicación callan la
violencia. No se interesan por presionar al gobierno para que existan
nuevos mecanismos para la protección de la libertad de expresión. No
presionan para que firme planes de acciones como el que propone la ONU,
que el gobierno anterior no firmó a pesar de su discurso oficial de
apertura el escrutinio y cooperación internacional. A pesar del tamaño
de la emergencia no se hizo nada. Aunque cualquier estrategia de
cooperación hubiera significado una gran ayuda para mejorar la situación
de la prensa.
La prensa fiel al gobierno no habla de la
violencia. Invisibiliza a los muertos. Juega el juego que pide el
gobierno. No exige tampoco justicia para sus reporteros fotógrafos
asesinados o desaparecidos, para evitarse un boicot publicitario. Muchos
medios de comunicación son instrumentos que sirven de arma
para defender los intereses de los dueños e intercambiar favores.
Por
eso, entre periodistas decimos que estamos entre tres fuegos: el de
los gobernantes, el del crimen organizado y el de las empresas que
defienden intereses contrarios a los ciudadanos.
*
En
México parece que no pasa nada. Se habla de paz y no hay voces que
salgan a decir lo contrario porque están silenciadas. Muchos lugares
están en sometidos al silencio. Cada vez son más los lugares de los que
perdemos la señal, de los que no sabemos qué está pasando. Y cualquiera
se atreve a silenciar, ya no sabemos qué es lo que molesta. Si detrás de
una amenaza hay intereses empresariales, políticos, traficantes drogas.
Es como caminar sobre arenas movedizas. Daniel Alejandro Martínez, el
último periodista asesinado, apenas la semana pasada, fue criminalizado
por el procurador de justicia encargado de investigar el crimen a las
pocas horas de que su cuerpo fue encontrado. El último
periodista desaparecido apenas en enero, Sergio Landa, había recibido a
amenaza porque publicó el asesinato de un taxista. El primer
desaparecido, Alfredo Jiménez Mota, desapareció por investigar a
narcotraficante local. Otro desaparecido, Ramón Ángeles Zalpa, por
denunciar el robo de minerales y la presencia de talamontes en su
tierra. Regina Martínez pudo haber sido asesinada por cualquier nota
incómoda.
Algo está podrido en un país cuando, como varios que
conozco, tienen hecho su testamento, su carta póstuma, se sienten
vigilados hasta cuando hablan por teléfono, se siente condenados a pena
de muerte.
*
La situación es crítica. Este es un SOS
para que volteen a ver a México, para desactivar la impunidad, la poca
transparencia en la asignación publicitaria, las relaciones corruptas
prensa-poder, para presionar por mejores condiciones laborales de los
periodistas porque también son asuntos de seguridad. Es necesario
empoderar a la presa, a los periodistas, y con ello a los ciudadanos. Es
una llamada de auxilio para que no haya un solo asesinato más.
Gracias.
DÍA NEGRO EN EL PERIODISMO REGIONAL
Córdoba, Ver. a jueves 22 de noviembre.-
El día de
ayer el periodismo de la zona centro, en específico de Córdoba, vivió uno de
esos días negros.
Los tres
diarios publicaron con gran ostentación el secuestro de una persona.
El Mundo
aseguró que había sido secuestrada Ana Cristina Peláez, reconocida periodista
durante muchos años de Televisa.
Por el
contrario, el Sol de Córdoba y El Buen Tono aseguraron que la secuestrada era
la mamá.
Eleodora,
según El Sol.
Eleonora,
dijo El Tono.
El mundo
aseveró que el secuestro ocurrió en el bulevar Córdoba-Fortín, a la altura de
Shangri-La.
El Sol publicó
que el hecho ocurrió en la carretera federal entre Ixtaczoquitlán y Fortín.
El Tono
aseguró que fue pasando la caseta de Fortín.
El hermano
de Ana Cristina, Bernardo Peláez, precisó a través de un programa de Oristereo,
la estación radiofónica de la familia, lo siguiente:
Quiero
desmentir lo publicado por los diarios locales como es El Mundo, El Sol y El
Buen Tono. Publican ahí alguna información que es totalmente falsa, el motivo
de mi llamada es para decirle a todo el auditorio que lo que publican estos
tres diarios con respecto al secuestro de un familiar de nosotros es totalmente
falso.
Agradecemos
a todas las personas que nos han llamado preocupadas por la seguridad e
integridad de nosotros. Se les agradece. Mi familia está bien, mi mamá está
bien, está aquí con nosotros, la licenciada Ana Cristina está en su domicilio.
Entonces, quiero decirle a todo el auditorio la clase de medios de comunicación
que publican esto, que únicamente lo hacen por vender periódicos, es un
amarillismo total y rotundo de parte de estos tres diarios que vuelvo a
mencionar.
Lamento
profundamente que los empresarios, los dueños de estos medios como es el señor
Raúl Arróniz de El Mundo, como es el señor José Abella de El Buen Tono y en su
caso, los dueños de El Sol, no se encuentran aquí pero el señor Alfredo Ríos,
que es el director en Córdoba, pues son unos carroñeros, carroñeros del
periodismo por inventar información, perjudicando a nuestra familia, porque
obviamente hay personas que hablaron muy preocupadas, muy angustiadas, a todos
les hemos tenido que contestar vía telefónica y por eso salgo al aire señor
Lobato, para que el resto de las personas que nos conozcan y que estén
preocupadas por mis hermanos, por mi mamá, por mi hermana, es que sepan, de
propia voz de un servidor que estamos bien, estamos perfectamente bien, no hubo
ningún secuestro, no hay ninguna situación de preocuparse, fuimos víctimas de
un chantaje, de una extorsión vía telefónica en la cual obviamente se les cayó,
porque obviamente no caímos en ninguna trampa de estas personas que nos
quisieron tomar el pelo, son gente que no están en el estado de Veracruz, que
hablaron desde Tamaulipas y finalmente, no se de dónde hayan salido con estas
notas para vender periódicos en sus primeras planas, en sus notas policiacas,
entonces, bueno, agradecerle a la gente que ha estado preocupada, decirles que
no pasa nada, todos estamos bien, estamos perfectamente bien en nuestros
domicilios y bueno, finalmente fue una situación que yo le recomendaría al
auditorio que nos está escuchando, que no hagan caso de las llamadas de
extorsión, que se cercioren que sus familiares se encuentran bien, que si
alguien le dice que tomen un teléfono y que se esconda, que no hagan caso, que
busquen a sus familiares y nada más.
Y decirle a
la gente, lamento de verdad, lamento profundamente que los medios de
comunicación que pudiéramos pensar que son los de mayor circulación y que
tienen impacto en la opinión pública, pues publiquen este tipo de notas
amarillistas con muy poca ética profesional, que lo único que buscaban era
vender sus diarios, la verdad lo lamentamos.
Vuelvo a
repetir, reiterar y a confirmar, nuestra familia, todos mis hermanos, mi mamá,
mi hermana, nos encontramos perfectamente bien y estamos en nuestro domicilio,
nada más era para eso señor Lobato y agradecerle a las personas que han llamado
preocupadas, finalizó.
Conferencia Hemisférica Universitaria
Convocada por la Sociedad Interamericana de Prensa
DECLARACIÓN DE PUEBLA
Puebla, México
25 y 26 de agosto de 2011
DECLARACIÓN DE PUEBLA
Puebla, México
25 y 26 de agosto de 2011
Los participantes de la Conferencia Hemisférica Universitaria convocados por la Sociedad Interamericana de Prensa reunidos en Puebla, asumieron el compromiso de proponer reformas de políticas públicas tendientes a combatir la violencia contra los periodistas y la impunidad que rodea a los crímenes.
Los participantes creen que los ataques contra la libertad de expresión no se manifiestan solamente a través de agresiones físicas contra los periodistas, sino también por medio de discursos hostiles hacia el ejercicio libre del periodismo, amenazas, censura, hostigamiento legal y descrédito. Al agredir este derecho fundamental, la violencia ya no es un problema sólo de los comunicadores sino de toda la sociedad que pierde su derecho a recibir información.
Con el propósito de crear una red de universidades en Latinoamérica que colabore en el mejoramiento de las prácticas académicas y ayude a los futuros profesionales a insertarse en una actividad más segura, así como promover cambios en las políticas públicas de los Estados, los equipos de alumnos y docentes de facultades de Comunicación, Derecho, Sociología y Ciencias Sociales y Políticas de 22 universidades provenientes de 13 países recomiendan:
En el ámbito legal, que:
Los países incluyan en sus leyes que los ataques a la libertad de expresión sean delitos que no prescriban; si son cometidos por funcionarios públicos se agraven las penas; que sean investigados a nivel federal y juzgados por tribunales civiles.
Las leyes obliguen al Estado a investigar de oficio (de iniciativa pública) los casos que revelen violación a la libertad de prensa y delitos contra la libertad de expresión, y se incluya la protección de jueces y fiscales que conozcan sobre homicidios de periodistas.
Los Estados incluyan en su legislación la obligatoriedad de reabrir las investigaciones o procesos judiciales, tras ser condenados por organismos internacionales.
Se apliquen los tratados y convenciones internacionales firmados por los países sobre el tema de derechos humanos, ampliando los reconocidos en el orden jurídico nacional.
Los fiscales, secretarías de Seguridad Pública o de Justicia, y los jueces conozcan, apliquen y se auxilien en las investigaciones y procesos judiciales con los criterios jurisprudenciales internacionales, los convenios y tratados firmados sobre Derechos Humanos.
Las Fiscalías generales o Secretarías de Justicia creen una unidad especializada, para investigar casos de ataques a la libertad de expresión.
Sean despenalizados los delitos de difamación, injuria y calumnia.
Los países cuenten con leyes específicas que brinden protección a defensores de Derechos Humanos y que éstas incluyan a periodistas, y en los países que existan o estén en proceso de ser aprobadas, se exija su publicación y aplicación.
Los países incluyan en su legislación medidas específicas en cuanto a la detención de periodistas cuando participan en coberturas de riesgo, para que las autoridades los dejen en libertad en cuanto se acredite su personalidad y el equipo de trabajo sea resguardado y entregado a éstos sin demora. En caso de incumplimiento por parte de la autoridad se incluyan responsabilidades penales.
En la ley se incluya la responsabilidad del Estado en la reparación del daño moral y material que cause el asesinato de un periodista en ejercicio de su labor, y atienda psicológicamente a la familia y garantice su seguridad.
En la ley se establezca que cuando se ataque a un periodista las autoridades estén obligadas a verificar si el origen de éste es su trabajo informativo.
Se incluyan en las leyes penales sanciones contra funcionarios públicos que obstaculicen la labor de los periodistas o incurran en acciones concretas contra la libertad de expresión.
Se creen o perfeccionen los Programas de Protección y Asistencia a Víctimas y testigos de crímenes cometidos contra periodistas, de los que deben ser responsables los Estados, pero pueden apoyarse en organizaciones no gubernamentales y en las universidades, para ofrecer asistencia legal y psicológica, entre otras medidas.
Se promulguen y/o apliquen leyes de acceso a la información y se cree la figura del Defensor de la Libertad de Expresión al que pueda recurrir la ciudadanía y los periodistas para hacer efectivo este derecho.
Bajo la responsabilidad del Estado y con el apoyo de las organizaciones civiles se instalen casas de refugio para los periodistas en riesgo que deben autoexiliarse.
En el ámbito institucional, que:
Los medios de comunicación garanticen condiciones dignas de trabajo, salario y protección para todos sus empleados, tomando como guía los principios establecidos en las declaraciones de Chapultepec de 1994 y de Medellín de 2007; que entre esos derechos se garantice el cumplimiento de las reglas de seguridad social, seguros de vida, invalidez y gastos médicos.
Las universidades, en acuerdo con los medios, establezcan reglas de respeto a las condiciones de trabajo y bienestar de los jóvenes estudiantes que trabajan como pasantes en las redacciones.
Los medios de comunicación elaboren, difundan y pongan en práctica principios de ética para coberturas de hechos de sangre y de peligro, y garantizar de esa forma que con el buen ejercicio de la profesión disminuya el riesgo o prevenga situaciones de vulnerabilidad.
Se promueva un amplio y profundo debate entre los medios de comunicación y periodistas sobre el rol y la importancia del ejercicio periodístico y la relación con sus fuentes, y que los resultados de esa discusión sean incorporados en los principios y códigos de ética de los medios de comunicación.
Los medios de comunicación elaboren manuales de riesgo, en los que se establezcan mecanismos y procedimientos para prevenir y evitar la violencia hacia sus periodistas.
Se motive en los medios de comunicación la creación de la figura del ombudsman, que estimule la reflexión sobre el trabajo del periodista.
En el ámbito social, que:
Las organizaciones de defensa de periodistas discutan políticas de protección para los profesionales del área, reconociendo a éstos como promotores y defensores de derechos humanos y de libertad de expresión construyan Programas de Protección, se divulguen en donde ya existen y generen campañas de concientización.
Las ONGs eduquen sobre la importancia de la función periodística, la defensa al derecho a la información y derechos humanos en forma de campañas, seminarios y encuentros.
Se involucre a la sociedad civil y a las organizaciones de derechos humanos para que denuncien y reporten amenazas, agresiones y asesinatos de periodistas y contra cualquier persona en el ejercicio de su libertad de opinión y expresión.
En el ámbito universitario, que:
Las organizaciones civiles y sindicatos de periodistas actúen en red con las universidades para construir una base de datos sobre víctimas y denuncias de ataques a la libertad de expresión en cada país, y se construyan espacios para medir, observar y apoyar el trabajo mediático.
Se elabore un mapa con las denuncias recibidas sobre los ataques a la libertad de expresión en cada país, y que estos documentos sean enviados a las autoridades del Poder Ejecutivo, fuerzas de seguridad, sectores educativos y medios de comunicación para implementar e incentivar la creación de políticas públicas concretas y cambios en la legislación sobre la protección del ejercicio periodístico con la participación de academias de periodismo.
Los planes de estudios sean reevaluados en las distintas facultades de las universidades, para que se adecúen a la realidad actual de los periódicos y periodistas, y que se creen materias, diplomados o cursos de extensión multidisciplinarios o transversales, para estudiar casos y discutir cuestiones relativas al peligro y ética del ejercicio periodístico.
Las universidades incluyan en el plan de estudios de sus facultades, entre ellas las de Comunicación, Derecho, Ciencias Políticas, Sociología, Psicología, entre otras, el estudio del Derecho Penal y Procesal Penal; así como la libertad de expresión y la libertad de prensa se discuta y analice la ética en el ejercicio periodístico.
Las universidades convoquen a foros, seminarios y mesas de diálogo con representantes del Poder Judicial, fiscales, periodistas y estudiantes, para discutir la protección a la libertad de prensa y de expresión; concientizar a todos sobre la importancia de la transparencia en las investigaciones y procesos penales; analizar la posibilidad de incorporar el trabajo periodístico como una prueba en los expedientes; y analizar las causas que provocan la inaplicabilidad de las leyes y la falta de resultados de los organismos investigativos y judiciales, para que se apliquen soluciones.
Se creen redes de investigación de la problemática de inseguridad del ejercicio periodístico a través del trabajo en conjunto con Instituciones de Educación Superior.
Las facultades de psicología implementen programas especiales de atención a los periodistas víctimas de violencia y a sus familiares.
Se promueva la toma de conciencia sobre el papel del periodista en la defensa de la libertad de expresión y prensa, a través de la difusión de sus publicaciones y de la apertura de museos de la memoria histórica del periodismo.
Se promuevan seminarios locales y estatales entre las distintas facultades para exponer las conclusiones de esta Conferencia a otras instituciones y a las comunidades estudiantiles de los países involucrados.
Se forme una organización interuniversitaria para intercambiar información, promover campañas en contra la impunidad y continuar la labor de esta Conferencia.
Pontificia Universidad Católica Argentina
Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro, Brasil
Centro Universitario Metodista, Porto Alegre, Brasil
Universidad Diego Portales, Chile
Pontificia Universidad Javeriana de Colombia
Universidad de Antioquia, Colombia
Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador
Universidad Francisco Marroquín, Guatemala
Universidad José Cecilio del Valle, Honduras
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Autónoma de Guadalajara, México
Universidad de Guadalajara, México
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México
Universidad Autónoma de Sinaloa, México
Universidad de Ciencias Comerciales, Nicaragua
Universidad Católica, Paraguay
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú
Universidad Iberoamericana, República Dominicana
Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela.
PLAGIO DE UN REPORTAJE
La reportera Adriana Luna Segura de El Sol de Córdoba publicó que la Legislatura local había aprobado la donación de un terreno a Córdoba para la construcción de la clínica del ISSSTE.... tres días antes que sucediera el hecho.
Y hasta citó como fuente ¡al gobernador!
Veamos con detenimiento.
El sábado 7 de noviembre de 2009 Adriana Luna escribió: “El Congreso local aprobó en el pleno la donación del predio para la construcción de la clínica-hospital del ISSSTE que se ubica en la reserva Agustín Millán, aseguró el gobernador del estado, Fidel Herrera Beltrán.”
Sin embargo, la verdad es que la Legislatura sesionó y aprobó la donación tres días después, o sea el martes 10 de noviembre de 2009.
Pero no es su primera vez.
El 29 de julio del año 2008 Adriana Luna Segura publicó en el mismo periódico un reportaje titulado “Toxpan, su rescate inicia el mes próximo”, plagiado en un noventa por ciento del reportaje “Al rescate de Toxpan”, publicado en la revista Magazine Veracruzano por lo menos tres meses antes, en la edición número 116.
Más datos.
La reportera Adriana Luna publicó en la versión impresa de ese 29 de julio una primera parte de “su reportaje". Pero en la versión online del periódico de ese mismo día apareció el reportaje completo.
Hasta donde sabemos la segunda parte del artículo nunca apareció en la versión impresa del mismo diario.
De un total de 37 párrafos de que consta el artículo de Adriana Luna Segura sólo cuatro son de su autoría.
Los 33 restantes son copias idénticas de Magazine Veracruzano.
Lo más execrable fue que ¡se copió hasta el crédito de la fuente!
En Magazine Veracruzano se puso al final del reportaje "Con información del encargado del proyecto de restauración Fernando Miranda".
Y hasta en eso Adríana Luna lo copió para El Sol de Córdoba.
LA PUBLICIDAD OFICIAL
¿Debe el gobierno apoyar a los medios de comunicación con publicidad? Es una pregunta que de botepronto podemos contestar con un NO.
Pero analizando a fondo los intelectuales y juristas han llegado a la conclusión que es un deber de los gobiernos apoyar a los medios con publicidad pagada para beneficiar a los ciudadanos.
anteayer, miércoles 13 de julio de 2011 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a La Voladora Radio, una radiodifusora comunitaria, en contra de la negativa de la Secretaría de Salud (Ssa) para contratar con ella publicidad oficial, por ser violatoria de la libertad de expresión y el derecho a informar.
Los ministros determinaron que la negativa de la dependencia es inconstitucional, y puede generar restricciones indebidas a la comunicación y la circulación de ideas, mediante la asignación discriminatoria de la publicidad oficial.
A continuación les presentamos dos textos sobre el tema, el primero es de Nexos y el segundo de Marco Levario de Etcétera.
¿CÓMO DEBE OTORGARSE LA PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL? SOBRE EL CASO LA VOLADORA
Justine Dupuy
Investigadora del área de transparencia y rendición de cuentas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación
La Voladora 97.3 FM es una pequeña radio comunitaria de la Amecameca en el Estado de México. Desde hace 5 años obtuvo su permiso después de largas luchas para que el Estado reconozca el papel social que desempeña este medio. Hoy en día, esta radio abanderó otra batalla. Y esta batalla es la de todas y todos los mexicanos.
¿Por qué la lucha de una radio que seguramente nunca han escuchado y ni sabían que existía les importaría? Porque lo que está en juego trasciende las comunidades del volcán y la sobrevivencia de un medio comunitario. Se trata aquí del paisaje mediático que uno sueña para México, de las posibilidades de escoger para cada uno de nosotros lo que lee, lo que ve y escucha. Se trata de poder acceder a una oferta variada y múltiple, de la riqueza de un mundo en color al lugar del blanco y negro. Es una lucha para que todos estos medios a través de los cuales uno se informa y percibe la realidad sean cada vez más numerosos y diversos; como un espejo de las múltiples voces que agitan México.
El año pasado, la Secretaría de Salud negó a la Voladora la asignación de publicidad oficial argumentando que «invariablemente busca medios de amplia cobertura» y que la radio «no cubre las expectativas de difusión de la Secretaría de Salud para lograr sus objetivos». La Voladora solicitó la protección del Poder Judicial vía un amparo en contra de esta decisión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso en febrero de este año. Pronto, la SCJN dará a conocer una resolución que impacta directamente sobre la libertad de expresión de los miembros de la radio, de la comunidad Amecameca, de los mexiquenses y de todos los mexicanos en general.
En una sociedad democrática, la publicidad oficial o gubernamental se justifica porque es un canal de comunicación directo e imprescindible entre los gobernantes y los gobernados. Esta herramienta permite transparentar y dar a conocer las decisiones del gobierno, informar a los mexicanos para permitir una ciudadanía al tanto de sus derechos y capaz de tomar decisiones informadas.
Además, la manera en la que se asigna esta pauta tiene un impacto directo sobre la estructura del modelo mediático mexicano. Cada año se gastan millones de pesos en México a través de la publicidad oficial. En 2010 por ejemplo, el informe de la Cuenta Pública reportó un ejercicio de 4,493 millones de pesos en comunicación social y publicidad oficial. Esta bolsa de recursos se reparte sin criterios claros ni transparentes. En serio, como lo argumentó la Secretaría de Salud ¿sólo se basarían en el rating?
Si tal es el caso, hay que preocuparse por el futuro de los medios en el país. En un mundo mediático dominado por un duopolio, es de pensar que bajo esta lógica la mayoría de los recursos en publicidad oficial llegan a Televisa y TV Azteca. Pocos reciben mucho y muchos reciben poco. Esta tendencia solo agudiza más la brecha inmensa que existe entre estas mega compañías y los otros en lugar de que el Estado intenté revertir esta distorsión. Bajo esta lógica, mañana sólo nos tocará un puñado de medios transmitiendo mensajes uniformados y homogeneizados, una sola realidad para un país tan complejo y colorido.
La libertad de expresión y la pluralidad informativa son murallas que impiden la llegada y el arraigo de regímenes autoritarios. El Estado es garante de estas libertades y del derecho a recibir, investigar y difundir información que implican. Por lo tanto no puede darse el lujo de comportarse como un ente privado al contratar publicidad oficial. En esta contratación hay mucho más que un simple acto mercantil. No es lo mismo que una empresa decida no anunciarse en un medio a que el gobierno descarte a un medio y le prohíba la posibilidad de recibir pauta gubernamental cuando el mismo Estado debe ser el guardián de la diversidad informativa de la sociedad.
El Estado, como parte de sus obligaciones internacionales (1) debe cumplir con principios de transparencia, no discriminación, razonabilidad, justificación de sus actos y legalidad, entre otras; obligaciones que se aplican a la asignación de la publicidad oficial. Al negar recursos para publicidad oficial a la radio, la Secretaría de Salud no solo olvida su papel de promotor de la diversidad y del derecho a recibir información de los radioescuchas de La Voladora. Bajo esta lógica, nos priva a todos de nuestra libertad de expresión, nos quita la posibilidad de escuchar múltiples voces. Bajo esta lógica, favorece sólo ciertos grupos mediáticos al momento de asignar la publicidad gubernamental basándose en criterios de rating sin tomar en cuenta la audiencia a quiénes van dirigidos estos mensajes.
Al contrario, la publicidad oficial podría pensarse como herramienta regulatoria de este paisaje mediático oligarca y homogéneo: un instrumento para que el Estado preserve la pluralidad informativa y permita que “el discurso de los poderosos no acalle o impida la expresión de los débiles”(2).
(2) Libertad de expresión y estructura social de Owen Fiss in Problemas contemporáneos de la Libertad de Expresión, (Compilador) Miguel Carbonell, Porrúa, CNDH.
Originalmente publicado en el Blog de la revista Nexos: http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=1297
LA PUBLICIDAD, RAZÓN DE ESTADO
Por Marco Levario Turcott
En las democracias contemporáneas la publicidad es razón de Estado; en los regímenes premodernos es instrumento de coacción. En el primer ámbito el gobierno difunde sobre todo derechos ciudadanos y acciones sociales, en el segundo (casi) sólo promueve su imagen y el denuesto de sus adversarios. En uno el gobierno busca la heterogeneidad de la oferta y evita concentrar el gasto en pocas empresas de medios, en otro no hay política de comunicación sino arbitrariedad, respuesta circunstancial de prebendas o castigos y, en ciertos casos, alianza con grandes consorcios mediáticos que terminan por someter al propio gobierno y a quienes aspiren a ocuparlo.
El Estado anunciante
La antedicha caracterización parte de que la mayor fuente de ingresos de los medios proviene del erario. Guste o no es una tendencia mundial. Por ejemplo en España, paradigma recurrente en estos temas, el gasto de publicidad del gobierno representa alrededor de 75% de los ingresos de las empresas mediáticas y lo mismo sucede en países como Francia y Canadá donde hay una estructura normativa que obliga al gobierno a anunciarse como forma de impulsar la diversidad cultural. Sobre la base de requisitos rigurosos de registro, los medios reciben recursos y no están sujetos al pragmatismo (autoritario) que los escamotee.
El caso de Austria es sugerente (y pasa algo similar en Finlandia). Desde 1975 el Estado austriaco subsidia a todos los periódicos y semanarios con cantidades varias según criterios que reseñamos en páginas centrales -en Francia a esto se le llama "Fondos de ayuda para la prensa"-, pero donde resalta la exigencia de que, para recibir los recursos, el medio no facture más de 22% de sus páginas por publicidad al año. El Estado garantiza su existencia, no que esas empresas se hagan millonarias.
Gracias a esos ejemplos es que hablamos del primer mundo, pero aun fuera de ese contexto Chile es referencia -y no sólo porque ahí los procesos electorales no significan dispendio que nutre a los medios electrónicos concesionados-. En esa nación la autoridad respalda financieramente a los diarios y revistas de provincia: "Anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público contemplará los recursos necesarios para financiar la realización, edición y difusión de programas o suplementos de carácter regional" (artículo 4 de la ley respectiva).
El mundo no cambia a Pepsi
Sugerimos estos casos para fijar paradigmas, motivar a la reflexión e incitar a la discusión, más aún cuando cierto aire aldeano, proveniente incluso de las aulas de los expertos en México, propone disminuir cuando no diluir los recursos de publicidad (por ejemplo el maestro Eduardo Ruiz Vega de la Universidad Iberoamericana) y pontifica sobre la competencia entre los medios en el mercado de la publicidad de la iniciativa privada o, peor aún, resignado, advierte que en ese mercado se concentra la mejor defensa de una publicación frente a la arbitrariedad del gobierno, como si ésta fuera inevitable. (Revise el artículo de Fátima Fernández en Proceso 1505.)
El asunto es (casi) exactamente al revés de como dicen los profesores Ruiz y Fernández. El Estado se encuentra obligado a garantizar la expresión de la pluralidad política, social y cultural del país en los medios a través de la delimitación de una estrategia de comunicación que, con gasto de publicidad, promueva derechos ciudadanos, acciones de asistencia pública y actividades ecológicas -sin alentar en modo alguno la imagen del gobierno- y que al mismo tiempo desarrolle diversos circuitos de difusión inyectando recursos a los medios. El quid es construir la norma en ese sentido y no trasladar el deber del Estado a los circuitos del mercado como método para enfrentar... la arbitrariedad del gobierno.
La iniciativa privada tiene otras funciones e intereses y sus anuncios en publicaciones de contenido político o cultural dependen más de eso que llamamos relaciones públicas de los editores o de los dueños de los medios que de una constante que llegue a cimentar la heterogeneidad mediática. La iniciativa privada se anuncia fundamentalmente donde pueda incrementar sus ventas, aunque un asunto delicado es cuando censura contenidos, como lo ha hecho con las televisoras privadas. Salvo algún excepcional interés filantrópico o de relaciones públicas, la iniciativa privada no se anuncia en los medios que no le signifiquen ganancias y nada hay más razonable que eso.
Si Coca-Cola se anunciara en nexos, Letras Libres y Etcétera sería excelente, pero la compañía no tiene ese deber ni venderá más refrescos por eso (a lo sumo será una empresa más respetable y simpática). Pero el gobierno no vende botellas o papas o carros o pastillitas Canderel y, en cambio, sí tendría esa obligación en un andamiaje normativo moderno que conviene construir sobre la base de la utilidad pública de los medios (incluso independientemente de su tiraje, como ocurre con este tipo de revistas especializadas o de política y cultura en países como España y Francia).
Consideramos que valdría la pena que esos principios estuvieran en los lineamientos del gobierno en la materia junto con asignaciones presupuestarias a los medios siempre y cuando éstos certificaran seriedad y utilidad pública mediante criterios de veras rigurosos, porque los establecidos en la Dirección General de Medios Impresos de Gobernación son una caricatura. La ausencia de esos principios y esa normatividad explica que pasen casos como el de Pemex, que el año pasado en las revistas en las que más gastó fueron TV Notas y TV Novelas. O que ocurran otros más preocupantes, como estos dos que sustentamos en información obtenida con base en la ley de transparencia:
Según nuestros cálculos, hasta la segunda semana de 2005 Proceso facturó un millón 300 mil pesos y Milenio Semanal 800 mil; habrá que ver qué pasa con la revista Milenio luego del cambio editorial del diario, que ahora favorece a la gestión de Vicente Fox. El asunto es que Proceso apenas ha facturado poco más de 10% del total de lo que facturó el año pasado al gobierno federal. La decisión del Ejecutivo es inadmisible en un Estado democrático y debiera ser denunciado por los medios; no ocurre ello, entre otras causas, por el mismo sistema de prebendas en el que se desarrolla el gasto de publicidad. Vale decir que esa actitud no es exclusiva de la actual administración presidencial, pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la gestión que le sucedió tienen un comportamiento faccioso más acendrado; orientan recursos de publicidad exclusivamente a los medios de comunicación que le son afines.
El poder público
De la declaración de principios sobre la libertad de expresión resuelta en octubre de 2000 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA extraemos el número 13:
“La utilización del poder público del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidas por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.”
Como se ve, la cita no es el diagnóstico del caso mexicano sino delimitación de compromisos internacionales para la consolidación de Estados democráticos modernos. La asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad en nuestro país se debe al andamiaje normativo que permite al gobierno ese margen de maniobra, por eso vale la pena considerar añadidos legales que permitan la formación de un consejo de evaluación del tipo de los que existen en España y Francia para delimitar recursos de publicidad. El organismo, auspiciado por el gobierno e integrado por éste y por editores o funcionarios de prensa, radio y televisión, delimitaría criterios de registro de los medios y montos mínimos de canalización del erario y se encargaría de verificar y evaluar el cumplimiento de esa política.
Sin duda, el horizonte para realizaciones como aquellas se mira lejano, aunque podría haber algunas modificaciones desde ahora (al respecto, agradecemos a los funcionarios de comunicación social del gobierno federal su participación en el análisis de este tema). En nuestra opinión, el inicio de los cambios podría estar en colocar otra vez en los lineamientos la prohibición de que se promueva la imagen de algún funcionario por conducto del gasto publicitario (su expresión más abyecta está en las gacetillas). Además en otras adecuaciones normativas que orienten montos anuales fijos y diferenciados -recursos etiquetados, se les llama- a los medios públicos y comunitarios que, adicionalmente, debieran tener el estatus legal para vender publicidad siempre y cuando no excedan ciertos límites de ingresos por ese concepto, como sucede con las democracias contemporáneas en el mundo. Por último, el ejercicio del gasto podría atenuar paulatinamente la enorme concentración que ahora hay y ceñirse a reglas que hagan el proceso irreversible, como pasó en Reino Unido hace varios años. (En Alemania existen reglas para evitar el monopolio. Entre éstas destaca el que un programador no puede controlar más de 30% del rating televisivo.)
Ahora en México, los grupos Televisa y TV Azteca concentran cerca de 45% del total del erario destinado al rubro que es de poco más de tres mil millones de pesos, mientras que la prensa capta no más de 18%; el resto lo reciben, sobre todo, cinco cadenas de radio. Los medios públicos no tienen exigencias programáticas del gobierno ni tampoco recursos significativos ni motivaciones legales para conseguirlos en la venta de publicidad y lo mismo ocurre con las radios comunitarias, que tienen todas las obligaciones que la ley les delimita como medio permisionado, pero que no tienen derecho de obtener recursos ni del gobierno ni de la comercialización.
Por todo esto sería central que, en el marco de los lineamientos de asignación de publicidad, el gobierno informara semestralmente el gasto desagregado que hace en publicidad, y especificara los montos y los medios de comunicación en donde se canalicen esos recursos.
El dispendio
Sin estrategia de comunicación que privilegie razón de Estado, cualquier monto invertido en publicidad es dispendio. En abril de 2005, por ejemplo, la Xunta de Galicia firmó convenios por un monto de dos millones de euros a cambio de que los medios informen de las actividades del gobierno y del presidente Manuel Fraga. La Xunta de Galicia dijo en esa reciente ocasión que con eso respondía a la necesidad de respaldar a los medios.
Citamos el caso para evitar alguna errónea interpretación con lo que hemos dicho hasta aquí. Esa suma, que es algo así como 26 millones 860 mil pesos, se dilapida en realidad porque se orienta a promover la imagen del gobierno y no el interés del Estado. Lo mismo pasa en México habitualmente, sólo recordamos el reciente despilfarro del Ejecutivo para promover su imagen a propósito del V Informe de gobierno. (El dinero, por cierto, ensancha aún más las arcas de Televisa porque el pago se orientó a su empresa filial TV Promo y ello explica que la televisora, a través del conductor de su noticiero estelar, haya dicho el 31 de agosto pasado que los cinco puntos de avance en las encuestas de Vicente Fox se debe a los anuncios.)
El gobierno español erogará este año alrededor de 60 millones de euros en publicidad, algo así como 780 millones 800 mil pesos; en el mismo lapso el gobierno mexicano gastará poco más de tres mil 200 millones de pesos (que es casi la mitad de lo que las dos principales televisoras del país obtendrán en la ruta de las próximas elecciones federales).
¿Eso es poco o mucho dinero? La respuesta está en cómo y para qué se gasta porque en el caso de la nación ibérica hay criterios rigurosos de certificación de medios y partidas claras de asignación de publicidad. Además, la iniciativa de ley que sobre el gasto de publicidad que ha promovido el gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, transcrita en páginas centrales de esta edición, afina el sentido de la eficiencia y la transparencia del gasto. Es decir, establece bajo qué criterios el gobierno orienta el dinero y uno de ellos es, precisamente, evitar la concentración de recursos en pocos medios.
Un gobernante con visión de Estado evita el monopolio; quien no la tiene se alía con ellos.
En México no hay esos criterios lo que, además de otras perversiones, provoca que Televisa concentre 25% del total de la partida anual asignada. O sea, el grupo de Emilio Azcárraga recibe en un año poco más del total de lo que el gobierno español gasta en ese lapso en todos los medios. (Y podría ser más, por supuesto, en virtud de otros contratos del gobierno federal con Televisa.)
El fin justifica a los medios
Ya lo dijimos: la mayor fuente de ingresos de los medios proviene del erario y esa tendencia mundial obedece en buena medida a las funciones reguladoras del Estado que en ningún modo corresponden al mercado, al contrario. Sucede lo mismo en México, pero con varias distorsiones generadas en la inexistencia de políticas públicas de comunicación, entre otras, la obsolescencia tecnológica y la anomia financiera de la mayoría de los medios públicos.
Entre todas estas dificultades no puede esperarse que la iniciativa privada tenga preocupaciones que le corresponden al gobierno del mismo modo en que el gobierno no puede tener las mismas expectativas de la iniciativa privada en relación con los medios. Para decirlo de otro modo, el Estado moderno, a través del gobierno, no interviene en la publicidad según el rating o en virtud de acuerdos políticos con los grandes grupos mediáticos sino en función de los medios que la sociedad necesita.
Un gobierno con esa visión de Estado no habría permitido que, por ejemplo, Canal 40 fuera sujeto al acoso de varios grupos empresariales muy poderosos que dejaron de anunciarse ahí porque no les gustó el reportaje difundido en la televisora sobre el padre Maciel. Ahí comenzó la difícil situación financiera de la Televisora del Valle de México, sin que el gobierno tomara cartas en el asunto; más aún fue retirando paulatinamente su inversión en publicidad.
En este caso, la arbitrariedad provino de la iniciativa privada y del gobierno y eso dejó (casi) indefenso a Canal 40. La diferencia es que la iniciativa privada se anuncia donde le dé la gana -lo mismo para impulsar proyectos que para contribuir en su disolución- y al gobierno tiene que darle la gana anunciarse para contribuir a preservar medios que ostensiblemente tengan una función social. En Argentina, por ejemplo, el gobierno se anuncia en Canal 9 y América TV porque de lo contrario sucumbirían ante la fortaleza de Canal 13 y Telefé "ante el mercado", como dijo este año Julio Bárbaro, interventor del Comité Federal de Radiodifusión de ese país.
No es el Estado benefactor el que evocamos sino al que preserva la libertad de expresión con reglas anti monopolio -el financiero y el del rating- y evita que el gasto se concentre en uno o dos grupos mediáticos. Más aún en el entorno del poder fáctico que tienen los medios de comunicación y, particularmente, los electrónicos. No pueden ni deben ser éstos quienes sistemáticamente fijen la agenda pública, lo que el Estado tiene que discutir y cómo (no es un asunto menor el manotazo que dio Televisa el 29 de agosto pasado). Esas situaciones políticas, problemas contemporáneos no previstos de la democracia, son lo que explican la tendencia mundial del Estado anunciante.
Artículo originalmente publicado el 1 de octubre de 2005 en www.etcetera.com.mx
BUENA NOTICIA
Elvira Lindo
El País
Entre todas las noticias que parecen destinadas a desalentar a los que, insensatamente, han escogido el periodismo como carrera para ganarse la vida, ha surgido una que, de pronto, alumbra un camino lleno de incertidumbre. Ha sido el buen periodismo el que ha sacado a la luz el asunto de las escuchas ilegales en Reino Unido.
Leer el artículo completo: http://www.elpais.com/articulo/ultima/Buena/noticia/elpepiult/20110713elpepiult_1/Tes
CENSURA Y AUTOCENSURA
Por José Miguel Cobián
En México mucho se ha hablado de que la libertad de prensa es un mito, (como se dice que son un mito el resto de nuestras libertades), que la libertad de expresión ha sido matizada por los poderes en turno y que cuando se sobrepasan los límites establecidos de manera informal invariablemente se sufren las consecuencias.
Basta platicar con cualquier persona que trabaje en medios de comunicación para estar seguro de que la afirmación del párrafo anterior es una realidad. Varios factores inciden en ello. El primero es la propia línea editorial del negocio de comunicación dónde se publican o transmiten los contenidos. Hay medios en dónde la apología de la derecha y el ataque sistemático a sus enemigos es lo correcto, como el caso del noticiero radiofónico de Pedro Ferriz de Con. Hay otros medios dónde ocurre exactamente lo contrario como es el caso de la Jornada o la revista Proceso, independientemente de que las izquierdas o derechas tengan mayor veracidad y credibilidad ante su público.
En el intermedio hay todos los matices desde el negro absoluto hasta el blanco absoluto, incluyendo todos los colores de la paleta. Además de los intereses propios de la publicación, surgen inmediatamente los intereses de sus anunciantes, pues es normal la presión económica de quienes mantienen los medios, y que quede claro, no sólo de los gobiernos federales, estatales, municipales y dependencias públicas, sino también de los particulares. En miles de ocasiones se ha visto una protesta orquestada por anunciantes de la iniciativa privada cuando consideran afectados sus intereses o sus personas con reportajes o publicaciones. A todo lo anterior debemos añadir la presión de los poderes fácticos, que de manera más sutil también tratan de censurar, como es el caso de las iglesias, en particular de la católica mediante comentarios de sus jerarcas hacia los dueños de los medios. Y por último llegan los poderes criminales, como actualmente ha sucedido con los miembros del crimen organizado. Ellos también deciden en un momento dado lo que no debe publicarse, mediante reglas generales transmitidas mediante amenazas a reporteros y jefes de redacción, amenazas que son malinterpretadas y se llega al extremo de no publicar nada, incluso aquello que no va a ofender sino alimentar la discusión sobre la situación real del país.
Los medios de comunicación y sus integrantes no pueden ser juzgados con mano dura, ya que lo primordial es la supervivencia, física en principio y económica después. Lamentablemente esa falta de libertad de expresión lleva a que la información que se transmite al público sea sesgada y en muchos casos se convierta en verdades a medias o mentiras públicas conforme conviene a quien en ese momento dirige la voz o la pluma. Renunciar a la libertad de expresión a ese extremo lleva consecuencias graves para el propio desarrollo del país, y nos muestra la verdadera realidad del desarrollo en un país como el nuestro.
Así como los funcionarios encargados de la prevención, procuración y administración de justicia no tienen la mínima certeza de seguridad si cumplen al 100% con su función, así también los integrantes de los medios de comunicación padecen de absoluta ausencia de seguridad para cumplir con su labor. Y si queremos llegar más lejos, el 99.99% de los mexicanos sobrevivimos escondidos en la masa, sin sacar la cabeza y sin actuar como debemos en función del bien de todos, y en particular del bien de la Patria, debido a que la corrupción y la impunidad son las características más sobresalientes de nuestra sociedad.
Existe una absoluta falta de solidaridad entre los mexicanos. El arte de hacerse a un lado y no comprometerse se ha convertido en una forma de vida en nuestro país. No se puede considerar cobardía sino instinto de supervivencia, y lamentablemente esa es nuestra realidad.
Por ello, las noticias que leemos y conocemos, a fin de cuentas son limitadas, tamizadas, matizadas, y minimizadas o exageradas según la conveniencia de los verdaderos intereses que gobiernan y mandan en la nación, dejando a la población inerme, ignorante y sin capacidad de juicio para optar por el camino más conveniente para nuestro México. Los propios mexicanos estamos llevando al país a la destrucción y balcanización. Falta que alguna potencia extranjera vea beneficios en ese posible futuro, para que se lleve a cabo. País inseguro, corrupto, injusto, reino de la impunidad, primitivo y salvaje. Así es como nos ven desde el exterior… lo más grave que nos puede ocurrir es que tengan razón los extranjeros.
Artículo originalmente publicado el 2 de julio de 2011 en www.josecobian.blogspot.com miguelcobian@gmail.com
AUMENTAN ASESINATOS Y DESAPARICIONES IMPUNES DE PERIODISTAS
www.plumaslibres.com.mx a 4 de junio de 2011- De acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicado en marzo, Veracruz se encuentra en el tercer lugar de los estados con más periodistas desaparecidos o asesinados en el país.
De los 13 periodistas desaparecidos desde 2003 en México, de acuerdo con un informe de la Comisión Estatal Para la Defensa de los Periodistas, por lo menos 2 trabajaban en el estado de Veracruz.
En cuanto a los periodistas asesinados, la cifra asciende a 7 desde 2002 a la fecha, luego de que algunos de ellos fueran reportados como desaparecidos días antes de encontrarse sus cadáveres.
Este es el caso de Noé López Olguín, uno de los más recientes, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de tortura apenas el pasado 1 de junio, después de haber desaparecido el 8 de marzo.
Su cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina ubicada en los terrenos de una empresa harinera, entre el tramo carretero Chinameca y Jáltipan.
López Olguín era un viejo periodista conocido de la zona, caracterizado por su postura crítica ante los abusos del poder y el crimen organizado. Olguín colaboraba en los semanarios “Horizonte” y “Noticias de Acayucan”, así como en el periódico “La Verdad”.
Desde que el periodista desapareció el 8 de marzo de este año -al salir de su casa después de recibir una llamada telefónica- versiones extra oficiales responsabilizaron de los hechos a grupos armados de la zona de Jáltipan.
Y precisamente, el hallazgo del cuerpo se dio gracias a la detención del sicario Alejandro Castro Chirinos, “El Dragón”, el 29 de mayo, en el municipio de Coatzacoalcos, quien confesó el asesinato y tortura del comunicador, y el lugar donde lo había enterrado.
Asimismo, “El Dragón” confesó los asesinatos del policía de Nanchital, Juan Carlos Limón Jacobo y su pareja, Nínive Quintero Díaz, cometidos 18 de febrero, y cuyos cuerpos fueron hallados en el rancho "San Antonio", comunidad Francisco I. Madero, entre Oluta y Texistepec, así como los homicidios de Juan Moreno López, supervisor de la policía intermunicipal en Cosoleacaque, el pasado 15 de abril, junto con sus escoltas Álvaro Olín Chagala y Miguel Ángel Baxin Bustamante.
Noé López Olguín era originario de Oaxaca, al momento de morir contaba con 47 años de edad, con domicilio en el municipio de Jáltipan.
Otro caso fue el del periodista colipense Evaristo Ortega Zárate, número 12 en la lista de los comunicadores desaparecidos desde 2003 en México, según la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas.
Evaristo Ortega Zárate era fundador y director del semanario Espacio, desde 2003, y fundador también del Diario de Misantla, en 2007. Al momento de su desaparición, Ortega Zárate integraba la plantilla a la precandidatura del PAN por la alcaldía de este municipio.
El periodista fue "levantado" el 20 de abril de 2010 en la ciudad de Xalapa, junto con el ex alcalde de Colipa, Francisco Mota Uribe, precandidato a la presidencia de este municipio, Andrés Anglada Morgado, ex aspirante a la alcaldía de Nautla y el chofer del vehículo en el que viajaban, un lujosa camioneta Hummer, propiedad de Mota Uribe, quien con anterioridad había sido ligado con el crimen organizado.
La hermana de Evaristo, Irene Ortega Zarate, informó a las autoridades que recibió varios mensajes de su consanguíneo en el celular por los cuales le hacía saber que había sido “arrestado por la policía de Xalapa”, capital del estado.
“Avísale a todos”, “nos llevan detenidos”, “nos llevan en patrulla hacia Veracruz”, señalaron varios mensajes que Evaristo Ortega Zárate todavía pudo enviar a su hermana. La diputada federal panista, Alba Leonila Méndez Herrera, también reconoció haber recibido otra llamada de Evaristo -quien había trabajado con ella en su campaña-, durante la cual sólo se escuchaban gritos y groserías.
El 27 de abril fue encontrada la camioneta propiedad de Evaristo Ortega, estacionada entre las avenidas Américas y Xalapa de la capital del estado. El vehículo era una camioneta Ford tipo Ranger con placas de circulación XN-67829 del Estado.
Sobre los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública se deslindó de los hechos en voz de su titular, Sergio López Esquer. Salvador Mikel Rivera, entonces procurador del estado, se limitó a declarar que la investigación estaba en curso; y el ex gobernador Fidel Herrera se comprometió con la familia de Evaristo Ortega a esclarecer los hechos.
Sin embargo, la administración pasada cerró el sexenio sin ofrecer una sola pista sobre el paradero del comunicador.
Por otra parte, la dirigencia panista del estado nunca insistió a las autoridades para que el caso de su precandidato fuese resuelto.
Según testimonios de familiares, Evaristo Ortega llegó a decir que su precandidatura causaba fricciones entre grupos políticos antagónicos de Colipa, y que “él era sólo un precandidato independiente que estaba sufriendo las consecuencias de esos antagonismos”.
También se conoce el caso de los periodistas de Jáltipan, Antonio Santiago Hernández, y su hijo, Fabián Antonio Santiago, el primero editor del periódico La Verdad, en aquel municipio.
Ambos fueron levantados el 25 de febrero de este año por un grupo armado, entre las 12:30 y 13:00 horas del día, junto con la persona que conducía el vehículo en que se transportaban, mismo que fue abandonado entre las calles López Mateos y Zamora de Jáltipan.
5 horas después los periodistas fueron liberados, aparentemente después de ser amenazados por sus captores. Santiago Hernández y Antonio Santiago han decidido no ofrecer información sobre los hechos, por su protección y la de sus familias.
Se sabe que los periodistas ya habían sido amenazados telefónicamente de que “se los va a cargar la madre” porque habían publicado información que afectaba los intereses de supuestos grupos criminales.
Fabián Antonio divulgó estas amenazas en una carta dirigida al presidente Felipe Calderón, el 24 de febrero, un día antes del levantón, en su perfil de Facebook, en donde daba a conocer los detalles de lo sucedido en últimas fechas.
En la misiva, Fabián pide protección de la Agencia Veracruzana de Investigaciones o de la Policía Federal para él, su familia y para quienes trabajan en su periódico, “ya que tememos por nuestras vidas”.
También mencionó que existía una denuncia por las amenazas ante el Ministerio Público a cargo de María Luisa Herrera García, quien abrió la investigación ministerial JALT/61/2011/2.
El otro caso que se suma a los 13 periodistas desaparecidos en México desde 2003, es el correspondiente a Jesús Mejía Lechuga, conductor de "A Primera Hora", en Veracruz, quien desapareció precisamente en ese año, el 10 de julio.
Se presume que el periodista fue levantado por las denuncias que hizo en contra de Guillermo Zorrilla Pérez, entonces diputado del PRI. Curiosamente, su desaparición fue después de entrevistar al dirigente del Comité Municipal del mismo partido, Alfonso Alegretti.
Y fue hasta cuatro años después de su desaparición que la Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas en Ejercicio de su Profesión de Veracruz, informó que "las investigaciones de Mejía se encuentran aún en la Agencia del Ministerio Público de Martínez de la Torre, bajo la averiguación 641/2003".
Cabe señalar que uno de los presuntos sospechosos de la desaparición del periodista fue ejecutado meses después.
En un caso de hace 4 años, el 21 de noviembre de 2006, el reportero de la revista Testimonio, Roberto Marcos García, fue asesinado sobre la carretera federal Boca del Río-Antón Lizardo.
El periodista fue ejecutado de varios impactos de balas nueve milímetros, dos de ellas en la cabeza, después de ser embestido por un vehículo PT Crusier color gris, aparentemente con placas del DF, de donde salió el sicario que lo baleó.
El vehículo fue abandonado en la comunidad de La Matosa, y se comprobó que tenía reporte de robo con violencia desde el 31 de mayo de 2006.
Roberto Marcos García estaba especializado en temas policiacos, y justo cuando regresaba de una entrevista en la comandancia del agrupamiento marítimo Fluvial y Lacustre, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, sucedieron los hechos, alrededor de las 13:00 horas.
Los reportes indicaron que el reportero viajaba a bordo de su motocicleta marca Honda tipo Titán, cerca de la comunidad La Matosa, perteneciente al municipio de Antón Lizardo, sobre la carretera Veracruz-Alvarado.
Cabe mencionar que estos hechos ocurrieron 48 horas después de que fuera ejecutado el ganadero Cirilo Vázquez Lagunes, por parte de un comando armado.
El 30 de noviembre fue encontrado muerto el periodista Adolfo Sánchez Guzmán, corresponsal del canal Televisa Veracruz y de la emisora de radio Xhora Oristereo 99.3, quien había sido reportado como desaparecido desde el 28 de noviembre de 2006, en Orizaba.
Adolfo Sánchez, de 31 años de edad, quien también colaboraba en las páginas de internet www.enlaceveracruz212.com.mx y Orizaba en Vivo, fue encontrado muerto en los márgenes del Río Blanco, en el municipio de Nogales.
El reportero investigaba a las bandas dedicadas a la ordeña de los ductos de Pemex y a los robos de camiones de carga y tráileres en la región de Córdoba y Orizaba, áreas clave para el trasiego de mercancías entre el sureste, el Golfo y la zona centro del país.
Sin embargo, Televisa desconoció a Adolfo Sánchez como corresponsal ante la versión de diversas autoridades locales de que el reportero estaba involucrado con la “mafia”, aunque la radiodifusora para la cual trabajaba y la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas abrieron una indagatoria del caso.
El 4 de diciembre de 2006, la Policía Ministerial detuvo a los hermanos Carlos y Julián Rosas Palestino, de 30 y 34 años de edad, originarios de la comunidad San Antonio Soledad Cañada, en el estado de Puebla, acusados de la “autoría intelectual” del crimen contra Adolfo.
Supuestamente “ordenaron matar a César por haberles robado un camión y tomaron venganza porque no les hizo justicia la autoridad, y lamentablemente Adolfo estaba en el lugar equivocado, por eso lo mataron con un motivo distinto a su profesión”, difundió la Procuraduría.
El subprocurador de Justicia de la zona centro, Miguel Mina Rodríguez, aseguró que el asesinato de Adolfo quedaba resuelto. Sin embargo, la familia nunca quedó convencida de la versión oficial, ya que las líneas de investigación relativas a los reportajes de Adolfo Sánchez sobre la ordeña de ductos nunca fue verificada, además de las irregularidades presentadas en el caso.
El 18 de diciembre de 2007, el juez tercero de lo Penal de Pacho Viejo sentenció a Juan Carlos Rosas Palestino, como autor material, a 23 años de prisión y a la reparación del daño por 73 mil 296 pesos. En la misma sentencia, su hermano Julián, supuesto coautor material, fue absuelto “por falta de pruebas”. En noviembre de 2009, también Juan Carlos Rosas fue liberado.
El 8 de abril del 2005, el director de La Opinión de Poza Rica, Raúl Gibb Guerrero, de 53 años, fue asesinado de 13 balazos por sujetos que portaban armas de alto calibre, quienes interceptaron su automóvil en la carretera que conduce a Papantla, donde Gibb Guerrero tenía su domicilio.
El periódico Notiver mencionó que cerca del lugar de la embocada fue localizado un vehículo de Julio Domínguez Canales, propietario del periódico Noreste, principal competidor de La Opinión en la región.
Un día después, la nota principal de La Opinión hacía referencia a la información manejada el día del asesinato en torno a la inseguridad y el incremento del crimen organizado en la entidad.
El 11 de enero de ese mismo año fue brutalmente asesinado el periodista y locutor de radio Hugo Barragán Ortiz, de 73 años, en el interior de su casa, en el municipio de Tierra Blanca. El cadáver presentaba cuatro puñaladas -tres en el tórax y una en la garganta- además de varios golpes.
Barragán Ortiz era conductor del programa "Por la mañana" que transmite la XEJF Radio Max y colaborador del Diario La Crónica de la Cuenca.
Además de Barragán Ortiz y Raúl Gibb, en 2005 fueron asesinados Alberto Torres Villegas, del diario El Sol del Centro, y José Miranda Virgen, de la editora Voz del Istmo.
En cuanto a los periodistas asesinados, la cifra asciende a 7 desde 2002 a la fecha, luego de que algunos de ellos fueran reportados como desaparecidos días antes de encontrarse sus cadáveres.
Este es el caso de Noé López Olguín, uno de los más recientes, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de tortura apenas el pasado 1 de junio, después de haber desaparecido el 8 de marzo.
Su cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina ubicada en los terrenos de una empresa harinera, entre el tramo carretero Chinameca y Jáltipan.
López Olguín era un viejo periodista conocido de la zona, caracterizado por su postura crítica ante los abusos del poder y el crimen organizado. Olguín colaboraba en los semanarios “Horizonte” y “Noticias de Acayucan”, así como en el periódico “La Verdad”.
Desde que el periodista desapareció el 8 de marzo de este año -al salir de su casa después de recibir una llamada telefónica- versiones extra oficiales responsabilizaron de los hechos a grupos armados de la zona de Jáltipan.
Y precisamente, el hallazgo del cuerpo se dio gracias a la detención del sicario Alejandro Castro Chirinos, “El Dragón”, el 29 de mayo, en el municipio de Coatzacoalcos, quien confesó el asesinato y tortura del comunicador, y el lugar donde lo había enterrado.
Asimismo, “El Dragón” confesó los asesinatos del policía de Nanchital, Juan Carlos Limón Jacobo y su pareja, Nínive Quintero Díaz, cometidos 18 de febrero, y cuyos cuerpos fueron hallados en el rancho "San Antonio", comunidad Francisco I. Madero, entre Oluta y Texistepec, así como los homicidios de Juan Moreno López, supervisor de la policía intermunicipal en Cosoleacaque, el pasado 15 de abril, junto con sus escoltas Álvaro Olín Chagala y Miguel Ángel Baxin Bustamante.
Noé López Olguín era originario de Oaxaca, al momento de morir contaba con 47 años de edad, con domicilio en el municipio de Jáltipan.
Otro caso fue el del periodista colipense Evaristo Ortega Zárate, número 12 en la lista de los comunicadores desaparecidos desde 2003 en México, según la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas.
Evaristo Ortega Zárate era fundador y director del semanario Espacio, desde 2003, y fundador también del Diario de Misantla, en 2007. Al momento de su desaparición, Ortega Zárate integraba la plantilla a la precandidatura del PAN por la alcaldía de este municipio.
El periodista fue "levantado" el 20 de abril de 2010 en la ciudad de Xalapa, junto con el ex alcalde de Colipa, Francisco Mota Uribe, precandidato a la presidencia de este municipio, Andrés Anglada Morgado, ex aspirante a la alcaldía de Nautla y el chofer del vehículo en el que viajaban, un lujosa camioneta Hummer, propiedad de Mota Uribe, quien con anterioridad había sido ligado con el crimen organizado.
La hermana de Evaristo, Irene Ortega Zarate, informó a las autoridades que recibió varios mensajes de su consanguíneo en el celular por los cuales le hacía saber que había sido “arrestado por la policía de Xalapa”, capital del estado.
“Avísale a todos”, “nos llevan detenidos”, “nos llevan en patrulla hacia Veracruz”, señalaron varios mensajes que Evaristo Ortega Zárate todavía pudo enviar a su hermana. La diputada federal panista, Alba Leonila Méndez Herrera, también reconoció haber recibido otra llamada de Evaristo -quien había trabajado con ella en su campaña-, durante la cual sólo se escuchaban gritos y groserías.
El 27 de abril fue encontrada la camioneta propiedad de Evaristo Ortega, estacionada entre las avenidas Américas y Xalapa de la capital del estado. El vehículo era una camioneta Ford tipo Ranger con placas de circulación XN-67829 del Estado.
Sobre los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública se deslindó de los hechos en voz de su titular, Sergio López Esquer. Salvador Mikel Rivera, entonces procurador del estado, se limitó a declarar que la investigación estaba en curso; y el ex gobernador Fidel Herrera se comprometió con la familia de Evaristo Ortega a esclarecer los hechos.
Sin embargo, la administración pasada cerró el sexenio sin ofrecer una sola pista sobre el paradero del comunicador.
Por otra parte, la dirigencia panista del estado nunca insistió a las autoridades para que el caso de su precandidato fuese resuelto.
Según testimonios de familiares, Evaristo Ortega llegó a decir que su precandidatura causaba fricciones entre grupos políticos antagónicos de Colipa, y que “él era sólo un precandidato independiente que estaba sufriendo las consecuencias de esos antagonismos”.
También se conoce el caso de los periodistas de Jáltipan, Antonio Santiago Hernández, y su hijo, Fabián Antonio Santiago, el primero editor del periódico La Verdad, en aquel municipio.
Ambos fueron levantados el 25 de febrero de este año por un grupo armado, entre las 12:30 y 13:00 horas del día, junto con la persona que conducía el vehículo en que se transportaban, mismo que fue abandonado entre las calles López Mateos y Zamora de Jáltipan.
5 horas después los periodistas fueron liberados, aparentemente después de ser amenazados por sus captores. Santiago Hernández y Antonio Santiago han decidido no ofrecer información sobre los hechos, por su protección y la de sus familias.
Se sabe que los periodistas ya habían sido amenazados telefónicamente de que “se los va a cargar la madre” porque habían publicado información que afectaba los intereses de supuestos grupos criminales.
Fabián Antonio divulgó estas amenazas en una carta dirigida al presidente Felipe Calderón, el 24 de febrero, un día antes del levantón, en su perfil de Facebook, en donde daba a conocer los detalles de lo sucedido en últimas fechas.
En la misiva, Fabián pide protección de la Agencia Veracruzana de Investigaciones o de la Policía Federal para él, su familia y para quienes trabajan en su periódico, “ya que tememos por nuestras vidas”.
También mencionó que existía una denuncia por las amenazas ante el Ministerio Público a cargo de María Luisa Herrera García, quien abrió la investigación ministerial JALT/61/2011/2.
El otro caso que se suma a los 13 periodistas desaparecidos en México desde 2003, es el correspondiente a Jesús Mejía Lechuga, conductor de "A Primera Hora", en Veracruz, quien desapareció precisamente en ese año, el 10 de julio.
Se presume que el periodista fue levantado por las denuncias que hizo en contra de Guillermo Zorrilla Pérez, entonces diputado del PRI. Curiosamente, su desaparición fue después de entrevistar al dirigente del Comité Municipal del mismo partido, Alfonso Alegretti.
Y fue hasta cuatro años después de su desaparición que la Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas en Ejercicio de su Profesión de Veracruz, informó que "las investigaciones de Mejía se encuentran aún en la Agencia del Ministerio Público de Martínez de la Torre, bajo la averiguación 641/2003".
Cabe señalar que uno de los presuntos sospechosos de la desaparición del periodista fue ejecutado meses después.
En un caso de hace 4 años, el 21 de noviembre de 2006, el reportero de la revista Testimonio, Roberto Marcos García, fue asesinado sobre la carretera federal Boca del Río-Antón Lizardo.
El periodista fue ejecutado de varios impactos de balas nueve milímetros, dos de ellas en la cabeza, después de ser embestido por un vehículo PT Crusier color gris, aparentemente con placas del DF, de donde salió el sicario que lo baleó.
El vehículo fue abandonado en la comunidad de La Matosa, y se comprobó que tenía reporte de robo con violencia desde el 31 de mayo de 2006.
Roberto Marcos García estaba especializado en temas policiacos, y justo cuando regresaba de una entrevista en la comandancia del agrupamiento marítimo Fluvial y Lacustre, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, sucedieron los hechos, alrededor de las 13:00 horas.
Los reportes indicaron que el reportero viajaba a bordo de su motocicleta marca Honda tipo Titán, cerca de la comunidad La Matosa, perteneciente al municipio de Antón Lizardo, sobre la carretera Veracruz-Alvarado.
Cabe mencionar que estos hechos ocurrieron 48 horas después de que fuera ejecutado el ganadero Cirilo Vázquez Lagunes, por parte de un comando armado.
El 30 de noviembre fue encontrado muerto el periodista Adolfo Sánchez Guzmán, corresponsal del canal Televisa Veracruz y de la emisora de radio Xhora Oristereo 99.3, quien había sido reportado como desaparecido desde el 28 de noviembre de 2006, en Orizaba.
Adolfo Sánchez, de 31 años de edad, quien también colaboraba en las páginas de internet www.enlaceveracruz212.com.mx y Orizaba en Vivo, fue encontrado muerto en los márgenes del Río Blanco, en el municipio de Nogales.
El reportero investigaba a las bandas dedicadas a la ordeña de los ductos de Pemex y a los robos de camiones de carga y tráileres en la región de Córdoba y Orizaba, áreas clave para el trasiego de mercancías entre el sureste, el Golfo y la zona centro del país.
Sin embargo, Televisa desconoció a Adolfo Sánchez como corresponsal ante la versión de diversas autoridades locales de que el reportero estaba involucrado con la “mafia”, aunque la radiodifusora para la cual trabajaba y la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas abrieron una indagatoria del caso.
El 4 de diciembre de 2006, la Policía Ministerial detuvo a los hermanos Carlos y Julián Rosas Palestino, de 30 y 34 años de edad, originarios de la comunidad San Antonio Soledad Cañada, en el estado de Puebla, acusados de la “autoría intelectual” del crimen contra Adolfo.
Supuestamente “ordenaron matar a César por haberles robado un camión y tomaron venganza porque no les hizo justicia la autoridad, y lamentablemente Adolfo estaba en el lugar equivocado, por eso lo mataron con un motivo distinto a su profesión”, difundió la Procuraduría.
El subprocurador de Justicia de la zona centro, Miguel Mina Rodríguez, aseguró que el asesinato de Adolfo quedaba resuelto. Sin embargo, la familia nunca quedó convencida de la versión oficial, ya que las líneas de investigación relativas a los reportajes de Adolfo Sánchez sobre la ordeña de ductos nunca fue verificada, además de las irregularidades presentadas en el caso.
El 18 de diciembre de 2007, el juez tercero de lo Penal de Pacho Viejo sentenció a Juan Carlos Rosas Palestino, como autor material, a 23 años de prisión y a la reparación del daño por 73 mil 296 pesos. En la misma sentencia, su hermano Julián, supuesto coautor material, fue absuelto “por falta de pruebas”. En noviembre de 2009, también Juan Carlos Rosas fue liberado.
El 8 de abril del 2005, el director de La Opinión de Poza Rica, Raúl Gibb Guerrero, de 53 años, fue asesinado de 13 balazos por sujetos que portaban armas de alto calibre, quienes interceptaron su automóvil en la carretera que conduce a Papantla, donde Gibb Guerrero tenía su domicilio.
El periódico Notiver mencionó que cerca del lugar de la embocada fue localizado un vehículo de Julio Domínguez Canales, propietario del periódico Noreste, principal competidor de La Opinión en la región.
Un día después, la nota principal de La Opinión hacía referencia a la información manejada el día del asesinato en torno a la inseguridad y el incremento del crimen organizado en la entidad.
El 11 de enero de ese mismo año fue brutalmente asesinado el periodista y locutor de radio Hugo Barragán Ortiz, de 73 años, en el interior de su casa, en el municipio de Tierra Blanca. El cadáver presentaba cuatro puñaladas -tres en el tórax y una en la garganta- además de varios golpes.
Barragán Ortiz era conductor del programa "Por la mañana" que transmite la XEJF Radio Max y colaborador del Diario La Crónica de la Cuenca.
Además de Barragán Ortiz y Raúl Gibb, en 2005 fueron asesinados Alberto Torres Villegas, del diario El Sol del Centro, y José Miranda Virgen, de la editora Voz del Istmo.
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